Destacados juristas y especialistas en derecho constitucional, acudirán este lunes a la Comisión de Justicia del Congreso que preside Raúl Castro, para exponer y discutir sus puntos de vista sobre el proyecto de ley del Ejecutivo que pretende aplicar la pena de muerte para casos de deleito de terrorismo.
Confirmaron su asistencia, el presidente de la Sala Especial de Terrorismo, Pablo Talavera, así como los juristas, Aníbal Quiroga, Marcial Rubio, Alberto Borea, Francisco Egüiguren, Javier de Belaúnde, Alfredo Quispe Correa, Felipe Villavicencio y Juan Portocarrero.
Sin embargo, el vicepresidente de esa comisión, Freddy Otárola se mostró en contra del proyecto impulsado por el partido aprista, aseguró que aplicar la pena capital es «antijurídico» y «vejatorio» de los derechos humanos y pidió un debate con mayor calma y sin apresuramientos ni apresuramientos.
Mientras tanto, el partido aprista endureció su posición respecto de la aplicación de la pena de muerte y, en boca del congresista Aurelio Pastor, anunció no sólo que respaldará en forma unánime el proyecto sino que no se aceptarán ni admitirán los denominados «votos de conciencia» de los miembros de su bancada
“El Apra en este caso, apoyará el proyecto y emitirá un voto de consigna, por disciplina partidaria, donde la mayoría manda, y aquellos apristas contrarios a la aplicación de la pena capital, como Javier Valle Riestra, tendrán que allanarse al mandato de la Célula Parlamentaria Aprista y apoyar la iniciativa que viene del Ejecutivo” indicó.
De otro lado, en tiendas de Unidad Nacional y del fujimorismo, algunos parlamentarios se mostraron también reacios a apoyar la iniciativa del gobierno y consideraron poco probable que sus bancadas voten a favor de la pena de muerte por considerarla excesiva, demagógica e irresponsable.
Guido Lombardi y Juan Carlos Eguren, de Unidad Nacional, y Luisa María Cuculiza y Alejandro Aguinaga, del fujimorismo, aseguraron que, aunque sus bancadas no han tomado aún una posición oficial al respecto, existiría ya un consenso para no respaldar la medida o, en último caso dejar en libertad a sus miembros para que opten por el voto de conciencia.