Los cables de Wikileaks también han puesto en evidencia las coaliciones entre representantes de la industria biotecnológica y la clase política de los gobiernos más influyentes del planeta. A finales del 2010 se reveló el contenido de las conversaciones entre la embajada de Estados Unidos y el gobierno español.
En las comunicaciones se pedía a Estados Unidos que presionara al estado Belga a que aceptara los transgénicos. Asimismo, las relaciones entre la diplomacia estadounidense y Monsanto, empresa proveedora de productos para la agricultura, quedaron al descubierto.
En la información difundida se puede notar la preocupación de ambos gobiernos por la desaprobación que diferentes países europeos mostraban a los organismos modificados genéticamente (OMG). Alemania, Francia, Austria, Grecia, Luxemburgo y Hungría están a favor de reducir la producción de transgénicos.
Cataluña luchó contra los OMG, con el impulso de una Iniciativa Legislativa Popular que fue presentada en el Parlamento de Cataluña. Exigía una investigación sobre los efectos sanitarios de los transgénicos, un etiquetado sincero del proceso de producción y la declaración de Cataluña como zona libre de transgénicos, pero la iniciativa no prosperó.