La descentralización es una oportunidad para mejorar el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad de toda la población, así como para garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de las personas y, en consecuencia, mejorar las condiciones de vida de la población e impulsar el desarrollo integral y sostenido del país.
En este nuevo escenario, los gobiernos regionales y locales tienen nuevas competencias y funciones transferidas desde el Gobierno Nacional, convirtiéndose en actores claves para el desarrollo de toda la población, en especial de las que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. De esta manera, funciones como la prestación, supervisión y fiscalización de los servicios de salud y educación empiezan a ser asumidas por estos niveles de gobierno.
No obstante, conforme a lo señalado por la Defensoría del Pueblo a través del Informe Defensorial Nº 141 «Hacia una desentralización al servicio de las personas: recomendaciones en torno al proceso de transferencia de competencias a los gobiernos regionales”; y el Informe de Adjuntía Nº 17 «Estado actual del proceso de transferencia de competencias a los gobiernos regionales: tareas pendientes»; la flexibilización y aceleración del proceso de transferencia de competencias y funciones ocasionó que en algunos casos se transfieran competencias y funciones a gobiernos regionales sin que se cumplan las condiciones mínimas que acrediten su capacidad de gestión.
Asimismo, se advirtió que el proceso de transferencia de responsabilidades a los gobiernos regionales no se realizó –en todos los casos– debidamente acompañada de los recursos presupuestales, humanos y logísticos vinculados a las funciones transferidas, a fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios a la población.
Si bien el presupuesto asignado a los gobiernos regionales ha aumentado considerablemente desde que empezó el proceso de descentralización, el mayor incremento se registra en el presupuesto para el gasto de inversión pública –por ejemplo para la construcción o mejoramiento de carreteras– más no así para el gasto corriente que está vinculado a la prestación de servicios a la población.
Por otro lado, se observó que dicho proceso se realizó sin un adecuado programa de capacitación y asistencia técnica que se adecúe en cuanto a sus contenidos a la realidad y a las necesidades de cada gobierno regional.
En ese sentido, considerando que se ha avanzado en un 90% en la transferencia de funciones a los gobiernos regionales, es necesario que se adopten medidas para superar tales dificultades e impulsar el proceso de descentralización, entre ellas, promover la elaboración de las matrices de delimitación de competencias y distribución de funciones entre nivel de gobierno, a fin de contar con el marco normativo que permita tener claridad en cuanto a la responsabilidad en cada materia. Cabe señalar que a la fecha solo siete ministerios con competencias exclusivas y compartidas cuentan con sus respectivas leyes de organización y funciones, y solo dos tienen sus respectivas matrices.
Asimismo, una oportunidad para superar las debilidades advertidas es la pronta reactivación de las Comisiones Intergubernamentales Sectoriales para la construcción de la gestión descentralizada; así como también es importante impulsar el funcionamiento del Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI) como un espacio de articulación entre los tres niveles de gobierno para definir la política y los planes de desarrollo nacional.
Por ello, exhortamos al Congreso de la República, a la Secretaria de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, a los ministerios, a los gobiernos regionales y locales a sumar esfuerzos para que la descentralización cumpla con el objetivo de lograr un Estado más próximo a la población, que permita mejorar su calidad de vida e impulsar el desarrollo sostenido del país.