La Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público detuvieron esta madrugada a 30 integrantes de la organización criminal Los Malditos de Santa Rosa, dedicada al tráfico de terrenos, homicidio calificado, lesiones graves por arma de fuego y tenencia ilegal de armas en los distritos de Santa Rosa (Lima) y Ventanilla (Callao).
La organización criminal era dirigida por el alcalde de Santa Rosa, Carlos Arce Arias, también conocido como Metralleta, Tío Charly o Don Carlos. De acuerdo con información policial, la autoridad edil había tejido una red de colaboradores en diferentes niveles del sector público, con el objetivo de legalizar la documentación de los predios que usurpaban y evitar posibles desalojos.
Arce Arias había designado como lugarteniente a Olga Rosaly Maza Jiménez, alias Olga. Ella apoyaba al cabecilla como coordinadora y testaferra, se informó a INFOREGIÓN.
Los Malditos de Santa Rosa eran investigados desde noviembre del 2016. Entre los cómplices del burgomaestre han sido identificados tres funcionarios de la municipalidad (dos gerentes y un técnico), un trabajador de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), un juez de paz del distrito y dos suboficiales de la Policía Nacional.
Al frente del megaoperativo 107, denominado Depuración 2018, estuvo la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac). De la intervención participaron 846 efectivos y 55 fiscales especializados en crimen organizado.
Las fuerzas del orden allanaron 50 inmuebles en Santa Rosa, Puente Piedra, Callao, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres, Ate, Ancón, El Agustino y San Juan de Lurigancho. Asimismo, fueron allanados cuatro oficinales y locales: tres en Santa Rosa y una en Los Olivos. Durante la acción policial se incautaron tres armas y S/25000.
Según la PNP, entre los delitos que se le imputa a la organización criminal figuran también la colusión agravada, cohecho pasivo, peculado doloso y falsificación los documentos.
Los Malditos de Santa Rosa seleccionaban los terrenos que querían usurpar dependiendo de si cumplían las condiciones para ser invadidos. Una vez que eran ocupados, instalaban módulos prefabricados y de material noble para acreditar la residencia y antigüedad en el lugar.
El siguiente paso era disponer elementos de seguridad en la zona para preservar los diferentes terrenos usurpados, de preferencia gente de mal vivir. Luego creaban asociaciones de vivienda o asentamientos humanos cuya documentación era legalizada ante la Municipalidad de Santa Rosa.
Los responsables de la venta de los terrenos se encargaban de ofrecer y revender lotes para la consecución de réditos. En paralelo, los integrantes de la organización criminal promovían procesos judiciales para evitar que las autoridades competentes pudieran desalojarlos.
La estructura criminal de Los Malditos de Santa Rosa incluía roles como el de un brazo armado, financistas, usurpadores, soporte administrativo, testaferros, vendedores, intermediarios, asesor legal, seguridad de invasiones, pobladores y colaboradores.
Este último papel era realizado por funcionarios del Estado. En esa lista aparecen el regidor Luzgardo Pachacama Mayhuire; el juez de paz Miguel Aguirre Misprieta, el trabajador de la SBN Óscar Gutiérrez Pérez y el suboficial PNP Héctor Alata Suárez, entre otros.