Se realizó la presentación en Colombia de un estudio comparativo sobre las comisiones de búsqueda del Perú, El Salvador, Colombia y México auspiciado por la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ, por sus siglas en alemán). Se trata de un trabajo que lleva por título «Comisiones de búsqueda en América Latina: Una apuesta extraordinaria por la integralidad en la investigación de las desapariciones».
El estudio ha estado ha cargo de los investigadores Verónica Hinestroza, Iris Jave y Rainer Huhle, quienes han realizado un trabajo acucioso sobre este asunto. Como se sabe, la creación de comisiones nacionales de búsqueda en el ámbito de América Latina ha tenido el objetivo de enmendar las graves fallas que los Estados han tenido para afrontar la desaparición de personas. Entre otras conclusiones, el estudio enfatiza que no basta plantear la cooperación entre instituciones encargadas con la búsqueda, si es que esta no descansa sobre una política pública integral.
Las desapariciones forzadas son una grave violación de los derechos humanos; han ocurrido durante dictaduras o conflictos armados internos, pero en algunos países aún persisten a pesar del cese de esos conflictos y la vigencia de sistemas democráticos. Fenómenos como la migración, el tráfico de personas y el crimen organizado en colusión con individuos o instancias del Estado evidencian nuevas dinámicas y perfiles de víctimas de desapariciones forzadas. La dificultad de los Estados para enfrentar la desaparición recae tanto en la falta de voluntad política y la debilidad institucional, como en la complejidad propia de esta práctica.
Además, se hace hincapié en que obtener justicia y conocer la verdad han sido las demandas permanentes de las familias de los desaparecidos, así como de las víctimas, además de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, academia, etc. Estas demandas reflejan dos obligaciones básicas de los Estados: 1. La obligación de esclarecer el crimen de desaparición forzada; y 2. La obligación de buscar a las personas desaparecidas y establecer su suerte y paradero.
Sin embargo, las falencias en el cumplimiento de esta obligación de búsqueda, incluso la ausencia de resultados positivos frente a las investigaciones penales ha llevado a las víctimas a buscar soluciones fuera del sistema ordinario y a impulsar la creación de instituciones especializadas para la búsqueda. Estas instituciones -se resalta además- no se cuentan entre los mecanismos conocidos en la región como transicionales ni abarcan las comisiones de verdad.
A pesar de esto, programas de reparación integral y tribunales coinciden en que, si bien no surgen en momentos de clara transición entre regímenes autoritarios y democracia o cierre de conflictos armados, sí pretenden resolver una deuda pendiente en materia de obligaciones con víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Dichas instancias comprenden como parte de su mandato un número importante y acumulado de casos de larga data frente a los que no ha habido justicia.
