El jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, Jorge Fernández aseguró que existen elementos de juicio que permiten suponer que los familiares de la señora Lucy Pichardo, asesinados el 14 de setiembre de este año en la zona del Vizcatán, tras una incursión militar en la zona, pertenecían a una familia humilde, desarmada y dedicada a labores de agricultura y pesca.
En el programa Diálogo Ciudadano, de INFOREGIÓN, Fernández, detalló que se ha acreditado con documentos que los fallecidos pertenecían a la comunidad campesina de Moyobamba – Jesús María, en el anexo de Huarcatán, distrito de Ayahuanco, en la provincia de Huanta, Ayacucho.
«Hay elementos de juicio que nos permiten suponer que se trata de gente humilde, que ha acreditado con documentos que pertenecía a una comunidad. Incluso uno de los fallecidos era vicepresidente del comité de autodefensa de su comunidad. Más aun, eran personas que no tenían armas porque no hay ninguna incautación», declaró el funcionario.
En ese sentido, reiteró la invocación de la Defensoría del Pueblo para que el Ministerio Público realice las investigaciones que permitan esclarecer el contexto real en el que la patrulla militar que incursionó el 14 de setiembre en la referida comunidad acabó con la vida de Jesús Félix Canchanya Limache, Maximiliano Pichardo Fernández, Alejandro Pichardo Fernández y Rosa Chávez Sihuincha.
«Se debe verificar, a través del Ministerio Público, y aclarar las circunstancias en las cuales se suscitaron estos hechos, pues existe la documentación que señala que se trataba de humildes campesinos», resaltó.
Testigos respaldan versión de Lucy Pichardo
El funcionario ayacuchano, quien entre el 3 y el 4 de octubre llegó a la zona junto con un representante de la Fiscalía de Ayacucho y participó luego de la exhumación de las cuatro personas, comentó asimismo que las investigaciones realizadas por su oficina permiten adelantar que la versión ofrecida por la denunciante Lucy Pichardo se ajustaría a la verdad, pues varios testigos afirmaron conocerla a ella y a su hoy desaparecida familia, así como también a los menores Moisés (7) y Rosalinda (1) Pichardo, desaparecidos desde el día de la incursión militar.
«Se acreditó la existencia de los niños con testimonios de testigos que los vieron el día de los hechos trasladándose con su familiares», indicó.
Incluso sostuvo que el presidente del comité de autodefensa de la comunidad, Fran Ronald Sulca, señaló conocer a los Pichardo y refirió que se dedicaban a la pesca y al cultivo de maíz y coca.
«La familia era conocida porque se dedicaba a vender los productos que pescaban del río Mantaro a los madereros y a la comunidad campesina de Pampa Aurora», añadió.
Finalmente, Fernández informó que las fuerzas armadas vienen brindando el apoyo necesario para las investigaciones que realizan para el esclarecimiento del caso.
Asimismo, dejó claro que la Defensoría no cuestiona el accionar militar en la lucha contra el narcoterrorismo. «Hemos visto y seguimos viendo bajas lamentables en el Ejército, pero es necesario que queden claros estos hechos», enfatizó.