Al cumplirse hoy un mes del derrame de casi 12 000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, la Defensoría del Pueblo informó que, si bien se advierten avances en la atención de los impactos sociales y ambientales, tanto por parte de la empresa Repsol como del Estado, aún se evidencia una serie de deficiencias que agravan la vulneración de derechos fundamentales de la población afectada. Por ello, en los próximos días se convocará a una reunión multisectorial para que las distintas entidades informen sobre las acciones desarrolladas y sus resultados.
Durante un recorrido por diversas playas afectadas, efectuado ayer, integrantes de la Asociación Artesanal de Pesca de Ancón manifestaron su preocupación por no haber salido a la mar desde hace 30 días, lo que significa que no perciben ningún ingreso para el sustento de sus familias. Al respecto, indicaron que, si bien habían recibido 500 soles por parte de la empresa y dos canastas por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ello no resultaba suficiente, más aún cuando advierten que el avance de la limpieza es lento y no tienen conocimiento de cuándo podrán regresar a pescar.
La Defensoría del Pueblo añadió que la situación es similar a la que se evidenció hace tres semanas en Chancay, donde más de 500 pescadores artesanales subsisten mediante ollas comunes. Por ello, pese al tiempo transcurrido y a las recomendaciones formuladas por nuestra institución, preocupa que aún no se culmine con la identificación y atención de las personas afectadas directa e indirectamente por el derrame.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo insiste en la urgencia de implementar una estrategia multisectorial e intergubernamental con la participación de los ministerios del Ambiente, Producción, Comercio Exterior y Turismo, y Desarrollo e Inclusión Social, así como de los gobiernos regionales y locales, que en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil, permita empadronar adecuadamente a las personas afectadas por el derrame e identificar su situación, para que se les pueda brindar la ayuda humanitaria y/o apoyo alimentario a través de ollas comunes o comedores populares. Ello, sin perjuicio de las acciones de identificación y asistencia humanitaria de responsabilidad de la empresa, así como de las medidas de reparación a su cargo.
Otro aspecto que preocupa a la Defensoría del Pueblo es el lento avance de las acciones de contención y limpieza de las zonas afectadas, que incluye dos áreas naturales protegidas. Sobre el particular, llama la atención lo señalado por la empresa Repsol respecto a que habría alcanzado un avance del 72 % de limpieza de las zonas afectadas, lo cual debe ser verificado por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
En la visita desarrollada ayer, se pudo advertir que en las playas Cavero y Bahía Blanca persiste la presencia de petróleo en los islotes y en las rocas. Asimismo, se pudo evidenciar la presencia de aves en búsqueda de alimento en las zonas afectadas, por lo que urge eliminar el riesgo de contaminación en dichas zonas.
Por su parte, en el balneario de Ancón, si bien ya no se percibía el olor que producía la contaminación por petróleo y las aguas se ven más claras, la Asociación Artesanal de Pesca de Ancón informó de la presencia de restos de hidrocarburos en forma de espuma en zonas de litoral ubicadas hacia el norte, al parecer debido a que la limpieza se habría realizado solo hasta la playa Las Conchitas.
Además, refirieron que Repsol viene contratando 30 embarcaciones para el recojo diario del petróleo visible en el mar, que representan el 12 % de las embarcaciones que realizaban labores de pesca antes del derrame para realizar dichas labores. Al respecto, solicitan se pueda aumentar el número de embarcaciones, toda vez que no solo significaría menos tiempo para finalizar las acciones de limpieza, sino también ingresos para los pescadores que son contratados periódicamente al no poder realizar sus actividades económicas.
Si bien la empresa señaló que hacia finales de febrero las labores en las playas con mejor accesibilidad estarán concluidas y, en las zonas de difícil acceso, las acciones de limpieza se extenderán hasta marzo, nuestra institución insiste en que resulta indispensable que se disponga de mayores esfuerzos para completar dichas labores, informó la Defensoría del Pueblo.
Sumado a ello, se requiere que el Poder Ejecutivo elabore y apruebe una estrategia integral, con objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo, para el monitoreo de las acciones de contención y limpieza de playas, el rescate de la fauna afectada y la rehabilitación de los ecosistemas marinos y terrestres. Asimismo, que las acciones estatales y sus resultados sean detallados en los reportes diarios a cargo del Ministerio del Ambiente, los cuales deben ser publicados en la misma periodicidad, consideró la Defensoría del Pueblo.
“De las labores de seguimiento efectuadas diariamente por la Defensoría del Pueblo, observamos que estos reportes no se vienen actualizando todos los días, pese a lo anunciado por dicho sector. Esta situación debe corregirse. Además, debe informarse a la población el tiempo estimado en que podrán reanudar sus actividades económicas en las zonas afectadas, sin poner en riesgo su salud”, dijo Lissette Vásquez, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas.