Correo. El gobierno ha promulgado el DS Nº022-2010-ED el 21 de octubre, incorporando al Plan de Municipalización de la Gestión Educativa a las 606 municipalidades distritales (el 34% del total nacional) del ámbito de intervención de Juntos.
Eso incluye al 88% de los distritos de Huánuco; 79% de Huancavelica; 75% de Apurímac; 62% de Ayacucho; 61% de Cajamarca; etc.
Todo ello pese a la crítica generalizada con respecto al fracaso del plan piloto de municipalización de la gestión educativa (que se había aplicado en el 2% de los distritos), expresada en diversos informes del Consejo Nacional de Educación, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la Red de Municipalidades Rurales y el propio MEF.
Sin haber validado el modelo, sin éxitos que exhibir, sin tomar previsiones de capacitación, apoyo logístico, asistencia técnica y recursos para garantizar un buen trabajo, se les pide a los municipios más pobres del Perú que se hagan cargo de la gestión educativa de su distrito.
Ello, pese a que ni siquiera pueden resolver los temas de basura, agua y electricidad, y sin que siquiera cuenten con un equipo técnico confiable para temas sociales.
Llama la atención que por un lado el gobierno haya transferido más del 90% de las competencias en educación a los gobiernos regionales, pero por otro lado interfiera en el tema de la gestión educativa, que ya no le debería competer.
Foro Educativo publicó el 31 de octubre en La República un pronunciamiento reclamando la derogatoria del DS 022-2010-ED, al cual se han adherido prestigiosas instituciones especializadas en el tema educativo rural, lo que sería lo más sensato frente a esta disparatada medida.
De lo contrario, el resultado natural será una gestión ineficiente, ineficaz y caótica, porque chocarán las funciones del gobierno nacional, regional y municipal, y además, cuando los profesores tengan algo que reclamar, lo harán ante el debilísimo municipio, en vez de hacerlo ante la región o el gobierno nacional.
Prepárese, Mercedes Aráoz, para contestar por qué transferir algo que no funciona a municipios pobres, desfinanciados y de limitadas capacidades, es una muestra de responsabilidad social y educativa del gobierno aprista.
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