La Constitución Política del Perú y la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) reconocen los derechos de las comunidades y concesionarios, es decir los usuarios del bosque, a que pueden hacer uso de los recursos forestales a su favor, en este caso a través de los bonos de carbono y posteriormente venderlos en el mercado.
Así lo sostuvo la gerente legal de la consultora ambiental Paskay, Blanca López-Bassa, durante su participación en el webinar “Los bosques y los beneficios para las comunidades: bonos de carbono” y explicó que si bien el Estado peruano define las condiciones del uso del bosque no puede desconocer los derechos otorgados a las comunidades indígenas sobre los bonos de carbono.
A modo de ejemplo, citó el artículo 76 de la LFFS que otorga derecho real y exclusivo a las comunidades nativas y reconoce su posesión, uso, acceso y aprovechamiento de los recursos forestales. Similar es el caso de los concesionarios forestales, que están amparados en los artículos 51 y 60 de la LFFS, que refiere que los mismos son dueños del carbono que absorben y capturan los bosques, de acuerdo a las condiciones de uso establecidas en su título habilitante.
Además, dijo que la Constitución Política del Perú en su artículo 62 establece el derecho de libertad contractual, es decir, los usuarios del bosque tienen derecho a vender sus bonos de carbono donde resulte más rentable. Estos aspectos, señaló, deben considerar la propuesta normativa del Ministerio del Ambiente (Minam) sobre “Lineamientos para la implementación de REDD+ y la gestión de sus Unidades de Reducción de Emisiones y Remociones de Gases de Efecto Invernadero (URE)”.
En ese sentido, comentó que es necesario aclarar algunos puntos, de la propuesta normativa, como la parte donde se menciona que los usuarios del bosque deben solicitar una autorización al Minam para vender sus bonos de carbono o donde se señala que deben otorgar una parte de la captura del carbono a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) del Perú, es decir, no venderlo en el exterior a fin que pueda ser incluido como parte de las NDC y reducir así sus emisiones de gases de efecto invernadero.
En tanto, la exministra del Ambiente, Fabiola Muñoz señaló que el Minam debe continuar con el liderazgo visible que ha mantenido de promover espacios de diálogo a fin de escuchar las inquietudes y preocupaciones de los actores involucrados en el tema y de esa manera “enriquecer” la propuesta normativa.
Muñoz agregó que para avanzar como país es necesario trabajar de manera conjunta entre el Estado y la sociedad civil. “El Estado por si solo no puede hacer las cosas, es clave los actores de la sociedad civil”, comentó.
Durante su intervención en el seminario web, organizado por Inforegión, indicó que en este proceso es importante ser claros y transparentes. “El liderazgo, el aporte de la sociedad civil y la transparencia son claves en este proceso para lograr mantener los bosques en pie, que es lo más importante”, refirió.
Experiencias exitosas de venta de carbono
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (Aider), Jaime Nalvarte, señaló que los bosques y las áreas naturales protegidas (ANP) pueden y deben ser fuentes de ingreso a través de una manejo sostenible e inclusivo para mejorar la calidad de vida de las poblaciones.
En su alocución explicó cómo vienen trabajando de manera conjunta con las comunidades nativas de la Amazonía a través de proyectos REDD+ como el caso de la región Ucayali, donde siete comunidades ya reciben ingresos económicos por la venta del carbono, así como la región Madre de Dios, en la comunidad nativa Infierno y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata y el Parque Nacional Bahuaja Sonene. Añadió que recientemente se ha comenzado en tres ANP del norte del país que son: Parque Nacional Cerros de Amotape, Coto de Caza El Angolo y la Reserva Nacional de Tumbes.
Además, dijo que es fundamental que las nuevas iniciativas de carbono forestal en el país se construyan en bases a las experiencias ya adquiridas, y que se fortalezcan y respeten los derechos adquiridos por las comunidades nativas, sociedad civil organizada y el sector privado para impulsar acciones de manejo y conservación. “Necesitamos impulsar este tipo de negocios inclusivos y sostenibles para que el bosque siga siendo bosque y las áreas naturales protegidas sigan conservando biodiversidad”, sentenció.