La edición de hoy de la revista Caretas presenta en su sección Mar de Fondo un informe que da cuenta de la decisión del procurador del Ministerio Público Aurelio Bazán Lora de denunciar por prevaricato a los vocales Carlos Ventura Cueva, Demetrio Ramírez Descalzi y Hermilio Vigo Zevallos, que ordenaron archivar el ‘megaproceso’ seguido contra Orlando Sánchez Paredes y el ex viceministro de Comercio Belisario Estévez Ostolaza por lavado de dinero.
A continuación, INFOREGIÓN reproduce la información:
La IV Sala Penal para Reos en Cárcel libera a Orlando Sánchez Paredes de los cargos por lavado de activos.
En su Chacra
El procurador del Ministerio Público, Aurelio Bazán Lora, denunciará por prevaricato a los vocales Carlos Ventura Cueva, Demetrio Ramírez Descalzi y Hermilio Vigo Zevallos, de la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel, que la semana pasada ordenaron archivar el ‘megaproceso’ seguido contra Orlando Sánchez Paredes y el ex viceministro de Comercio Belisario Estévez Ostolaza por lavado de dinero.
En este juicio, el más grande de un caso de lavado de activos de la historia peruana, están comprendidos también los hermanos Manuel y Wilmer Sánchez Paredes; Fidel y Miguel Sánchez Alayo, hijos de Manuel, y Blanca Sánchez Príncipe, hija de Perciles Sánchez Paredes, asesinado a tiros en un taller de mecánica de Trujillo, en 1991.
El escandaloso fallo del tribunal indica que se “vulneró el plazo razonable de la investigación fiscal” (que arrancó en enero del 2008 y culminó en abril de este año) y declara “nulo todo lo actuado y sin ningún efecto jurídico”.
Lo sorprendente es que ese mismo hábeas corpus había sido rechazado ya en primera instancia por la jueza Antonia Saquicuray, cuando el fiscal Chávez Cotrina denunció a los Sánchez Paredes por delito de lavado de activos producto del narcotráfico, en abril (CARETAS 2122).
Ventura, quien preside el tribunal, parece haberse especializado en mandar al archivo los casos más sonados de lavado de dinero en la historia policial peruana.
En febrero pasado ordenó separar de la misma ‘megainvestigación’ fiscal y policial a los hermanos Orlando, Alfredo, José y Silvia Sánchez Miranda, hijos de Orlando, aduciendo también la “vulneración del plazo razonable de investigación preliminar, establecido en dos años, y no especificar la modalidad del lavado de activos”.
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