El presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Loreto, Carlos Del Piélago, se mostró preocupado por las limitaciones en sus derechos a las que fueron sometidos la mayoría de los indígenas procesados por el Caso Andoas durante los interrogatorios policiales y, en algunos casos, también en la instructiva judicial previa al juicio oral. Esta situación se ha hecho evidente con el transcurrir de las audiencias en las que ya fueron interrogados nueve nativos amazónicos.
Al ser interrogados por la Sala, todos los procesados han coincidido en que durante los interrogatorios policiales y la instructiva judicial no se les informó que tenían el derecho de tener un abogado y de contar con dos testigos cuando brindaban su manifestación.
Según refieren fuentes periodísticas, el nativo achuar Daniel Dahua Mayna, de 30 años, reveló que quien sirvió de intérprete durante sus testimonios fue el coprocesado Miguel Zúñiga Cariajano, kichwa con conocimientos de achuar, pero que no sabe leer ni escribir y a quien tampoco le leyeron la transcripción del testimonio de Dahua.
Además, Dahua Mayna contó que Zúñiga fue obligado a oficiar de intérprete, y manifestó que, tal vez por estas confusiones, en el expediente se consigna que él declaró haber visto a gente extraña participando en las manifestaciones de Nuevo Andoas, en marzo del año pasado, versión que -de acuerdo a sus declaraciones ante la Sala – nunca hizo o pudo ser malinterpretado.
Durante las últimas audiencias del proceso se conoció la declaración del nativo kichwa Edwin Alberto Guevara Torres, quien también es analfabeto y aseguró que no hubo testigos cuando prestó declaraciones al juez instructor, que le habló en quechua. También dijo que no le aclararon que tenía derecho a guardar silencio y a tener abogado o a ser traducido por un intérprete.
De otro lado, las mismas fuentes periodísticas señalaron que hasta el momento la administración del Poder Judicial no ha cumplido con pagarle sus emolumentos correspondientes a los dos traductores que están participando en las audiencias que se desarrollan en la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Loreto.
También se supo que hasta el momento los procesados que ya han rendido sus manifestaciones no han podido regresar a sus comunidades por falta de recursos.