Un predictamen presentado la semana pasada en la Comisión de Justicia del Congreso de la República debilitaría la lucha contra los delitos de tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre (terrestre y acuática en el Perú) que hoy es considerado como el cuarto comercio más lucrativo del mundo y como crimen organizado a nivel mundial, según la Oficina de Naciones Unidas Contra el Crimen y Drogas (UNOCD).
En ese sentido, varias instituciones de la sociedad civil como DAR, SPDA, Proética y Oceana Perú, enviaron un pronunciamiento público a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República expresando su preocupación por que en su sesión del 3 de noviembre último se han desvirtuado los alcances de los proyectos de ley 196/2021-CR y 463/2021-CR, proponiendo una modificación al capítulo de delitos contra los recursos naturales del Código Penal que no haría sino debilitar su investigación, juzgamiento y sanción.
Se detalló que la propuesta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso es reagrupar los delitos de tráfico ilegal de flora y fauna silvestre, tráfico ilegal de especies acuáticas, depredación de flora y fauna silvestre, y tráfico ilegal de recursos genéticos en un solo artículo en el Código Penal, lo cual podría significar el archivo de casos que vienen siendo investigados, y pondría en riesgo la posibilidad de sancionar estas conductas ilegales en el futuro.
Usando como excusa los proyectos de ley presentados para incluir estos delitos en la Ley contra el crimen organizado, se propone la fusión de cuatro delitos en un solo tipo penal, desconociendo que se trata de objetos de protección y problemáticas diferentes. Esta propuesta desconoce el enfoque de nuestro marco legal respecto a como trata los recursos de nuestra biodiversidad, en el que las especies de flora y fauna terrestre, acuática y los recursos genéticos, tienen normas específicas diferentes, y están bajo competencia de autoridades
diferentes.
Al respecto, las entidades de la sociedad civil sostienen que pretender que estos delitos se traten en un único artículo del Código Penal, solo va a dificultar su aplicación por parte de los operadores de justicia ya que se generarán contradicciones y vacíos legales que promoverán la impunidad.
Finalmente, se llama la atención que, a pesar de incorporar elementos nuevos que no están en los proyectos de ley previos, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos no haya esperado a recibir opiniones técnicas de las instituciones competentes y que por el contrario se ignore la posición en contra de la Unidad de Delitos Ambientales y de la Procuraduría del Ministerio del Ambiente, se informó a INFOREGIÓN.
Para leer el pronunciamiento público suscrito por varias entidades de la sociedad civil haga click en: pronunciamiento-publico.pdf