En la región Madre de Dios, específicamente en la zona denominada La Pampa, los adolescentes de 14 a 17 años son explotados laboral y sexualmente en contextos precarios de sobrevivencia y sin acceso a la salud.
Esta situación de trata de personas, ligada a la minería ilegal, es denunciada por el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), que registró, en el trabajo de campo, casos de adolescentes varones en condiciones de trabajo riesgoso y bajo el sometimiento por deuda y explotación constante.
Estos jóvenes realizan labores de 24 horas continuas, con un descanso relativo de otras 24. Ellos trabajan en la minería ilegal y la mayor parte del tiempo tienen la mitad del cuerpo sumergida en el agua, manipulan las mangueras de alta presión y mezclan agua con mercurio. Y, además de la contaminación por mercurio, están expuestos a enfermedades como la malaria, dengue, uta, tétano, pulmonía, neumonía, infecciones estomacales, etc.
La investigación, en el caso de explotación sexual, señala que adolescentes mujeres ofrecen servicios sexuales en la línea de 25 km de carretera paralela al río Tambopata, donde hay decenas de puestos de comida, venta de enseres para la minería, gasolineras y bares.
Promsex informa que los precios de los alimentos y los servicios sexuales en la zona son altos respecto al resto del país, lo que genera un negocio lucrativo. Así, una familia puede tener una draga de extracción de oro, una casa de cambio de dólares, y también un puesto de comida y prostitución.
En esta área de Madre de Dios, el Estado es débil y casi inexistente al momento de brindar seguridad y servicios de salud. La población es atendida por establecimientos fijos de salud y Equipos de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas (AISPED).
Finalmente, el estudio indica que los mineros no formales y su red organizada de seguridad impiden o hace muy riesgoso el ingreso de funcionarios estatales a las zonas en que estos operan. Antes que la presencia policial o fiscal, los operadores de salud sí son aceptados y podrían convertirse en la última opción de ayuda para muchas víctimas de violencia y trata de personas en La Pampa.