Más de un centenar de organizaciones, instituciones, colectivos y movimientos ciudadanos expresaron su preocupación por la situación que enfrenta la democracia en el país, ante el archivamiento del Acuerdo de Escazú y la posición expresada por el actual ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, quien señaló estar en contra de la ratificación de este tratado internacional.
En el documento se advierte que la postura del canciller contradice el objetivo prioritario 7° de la Política General del Gobierno sobre la «Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno». Por otro lado, indican esta afirmación no colinda con la posición del ministro del Ambiente, Modesto Montoya; quien ha mostrado estar a favor del tratado.
«(…) Personas y comunidades están severamente afectados por el incremento del crimen organizado asociado a los delitos de minería ilegal, la tala ilegal, narcotráfico y tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, entre otros delitos que están afectando la vida, la paz, la gobernabilidad democrática y el patrimonio natural (…) Es obligación del Estado garantizar un ambiente saludable para todas las personas y, además, asegurar el ejercicio pacífico de los derechos ambientales en entornos seguros y propicio», señala el pronunciamiento.
En ese sentido, demandaron la rectificación o renuncia del canciller; además de reforzar las capacidades del Estado para «atender las prioridades ambientales y climáticas, proteger a las personas defensoras de derechos ambientales y a impulsar el mejoramiento de democracia y transparencia en materia ambiental, especialmente con los medidas para mejorar el acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales».
Cabe destacar que el Acuerdo de Escazú está vigente en 24 países de América Latina y el Caribe y, en la actualidad, fue ratificado en 13. Este instrumento busca garantizar los derechos humanos ambientales de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Además, es considerado el primer tratado multilateral de la región sobre asuntos ambientales, que da apoyo a los derechos humanos en general.
Recordemos que en nuestro país, el pasado 11 de junio, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República ratificó su archivamiento. Con un canciller que esté en contra de este tratado, el futuro de quienes protegen la tierra sigue en peligro.
A continuación, el pronunciamiento completo:
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