Organizaciones de la sociedad civil y los miembros del Observatorio de minería ilegal y actividades vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad y las organizaciones indígenas de la Amazonía emitieron un comunicado demandando a que el Gobierno central observe la ampliación de la vigencia del proceso de formalización minera aprobada recientemente por el Congreso de la República. De esta manera expresaron su rechazo a esta medida parlamentaria señalando los peligros que conlleva su decisión.
Seguidamente, compartimos el comunicado emitido:
«Las distintas organizaciones de la sociedad civil y los miembros del Observatorio de minería ilegal y actividades vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad y las organizaciones indígenas de la Amazonía, en respuesta a la amenaza que representa la minería ilegal para el ambiente, la salud e integridad de la población, en especial la de los pueblos indígenas y la vida silvestre, hacemos de conocimiento a la ciudadanía lo siguiente:
Rechazamos la decisión del Congreso de la República de ampliar la vigencia del proceso de formalización minera por 3 años. Medida que desnaturaliza su carácter excepcional y temporal, siendo perjudicial para la sostenibilidad del país y beneficia a la minería ilegal; llevamos desde el año 2002, un proceso de formalización eterno, que ya lleva 19 años sin cumplir con su objetivo inicial, donde los operadores, asesores y representantes de los mineros informales, aducen lo “complejo del proceso” como una imposibilidad para lograr la formalización, cuando a la fecha hemos visto que sí existen mineros que han logrado resultados, o utilizan la excusa que esta vez sí será posible lograrlo, son los mismos argumentos de las anteriores ampliaciones, que desincentiva la formalización, genera competencia desleal, genera empleo informal, afecta la recaudación de impuestos y conlleva a que tener en gran medida mineros ilegales amparados en la formalización.
Responsabilizamos de todos estos hechos, del impacto de la actividad sobre el medio ambiente que menoscaba la biodiversidad y seguridad alimentaria de las poblaciones indígenas, de la contaminación por mercurio que afecta la salud humana y de las muertes en operaciones precarias e inseguras, y de los delitos conexos que se vienen incrementando a todos aquellos que han permitido esta ampliación, imponiendo sus intereses particulares sobre el interés del país.
EXIGIMOS: Al Presidente de la República y a la Presidenta del Consejo de Ministros, asegurar los compromisos políticos planteados durante el discurso de investidura “de emprender un proceso de lucha contra la minería ilegal” sea estrictamente cumplido por todos los funcionarios de los diversos ministerios, y por ende OBSERVAR la mencionada Ley que facilita la minería ilegal, pues la misma no define con claridad las responsabilidades ambientales que implica esta actividad y como abordar el deterioro del ambiente y la salud de las personas en comunidades indígenas .
Al Ministerio de Energía y Minas, más allá de facilitar esta medida emprenda, mecanismos efectivos para resolver todos los impactos generados a lo largo de estos años por la minería informal e ilegal.
Al Ministerio del Ambiente, a garantizar y ejercer su rol tuitivo y protector que la Constitución le ha dado de garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano y adecuado. Al Ministerio del Interior, a garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado
En consecuencia, desde la sociedad civil ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera transparente, colaborativa y activa con todos los actores del sector público y privado, a fin de construir soluciones que garanticen el derecho a gozar de un ambiente sano y saludable para todos los peruanos y peruanas, así como del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.
Para acceder al comunicado y ver también la lista de entidades que lo suscriben haga click aquí: Pronunciamiento.pdf