Gloria Cano, abogada de los deudos de los asesinados dirigentes mineros Saúl Cantoral y Consuelo García, lamentó que el Estado peruano esté estudiando pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, una sentencia interpretativa a su resolución en la que responsabiliza al Estado por la violación a la vida, la justicia y los derechos de los dirigentes y le exige una reparación económica y moral.
Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos, Aprodeh, alertó a INFOREGIÓN que el anuncio de pedir una sentencia interpretativa, efectuado por el responsable del caso por parte del Estado, Carlos Salgado, pretende perpetuar la impunidad, omitir la sentencia de la CIDH y evitar la sanción contra los responsables.
La defensora explicó que tras largos e infructuosos años buscando justicia en el país, se presentó la demanda ante la CIDH, señalando como responsables del crimen al “Grupo Paramilitar Rodrigo Franco”, en tanto que el Estado se defendió aduciendo que el crimen habría sido perpetrado por el “Grupo Paramilitar Colina” o por paramilitares pagados por empresarios mineros.
La Corte entendió que en cualquiera de las hipótesis, el Estado era el responsable, en vista de que se trataba de agentes del Estado, lo sancionó por violación al derecho a la vida por permitir el trabajo ilegal de los grupos paramilitares y le ordenó la investigación inmediata, la culminación del proceso judicial, la apertura de un proceso contra los directamente responsables y la reparación económica y moral de las víctimas.