La Defensoría del Pueblo recomendó al Estado garantizar la inmediata atención de la salud de los ciudadanos indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira, en el departamento de Loreto, quienes se encuentran en una situación de riesgo por exposición a metales pesados, agravada por los constantes derrames de petróleo y la postergación del inicio de las acciones de remediación ambiental.
La institución citada advierte que, a más de tres años de suscritos acuerdos entre el Estado y organizaciones indígenas para atender los problemas de salud ocasionados por la explotación de hidrocarburos, no se ha podido garantizar su implementación en todos sus términos, lo que continúa vulnerando, entre otros derechos, el derecho a la salud de esta población.
Se advierte que no ha elaborado un plan de atención de salud específico para el diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por contaminación con metales pesados y otras sustancias químicas en las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre, Marañón y Chambira, se informó a INFOREGIÓN.
Lo anterior se da a pesar que, según los resultados del estudio toxicológico y epidemiológico elaborado por Censopas, alrededor del 30% de la población muestreada presenta arsénico y mercurio por encima de los niveles permitidos, así como de bario, plomo y cadmio en aproximadamente el 10% de la misma. Asimismo, se identificó que el 10% de la población del río Corrientes se encuentra expuesta a hidrocarburos.
Además, se evidenciaron demoras en la instalación de canales de participación ciudadana, que dificultan el trabajo de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación realizados por las organizaciones indígenas y sus representantes sobre la implementación de los acuerdos. Esto limita sus derechos a la información y participación, así como su capacidad de incidir en la toma de decisiones sobre los servicios que reciben, advertir posibles irregularidades y contribuir en la toma de medidas correctivas de forma oportuna.
Los hallazgos evidencian, según la Defensoría, serias deficiencias y retrasos para cautelar el derecho a la salud de los ciudadanos que habitan en la zona, por lo que la entidad citada pidió a la Contraloría General de la República supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto asignado a la implementación de los acuerdos suscritos con los pueblos indígenas del ámbito de influencia de los lotes 192 y 8, con el fin de proteger sus derechos, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y, de corresponder, adoptar los correctivos pertinentes.