A través de un oficio dirigido al ministro de Salud, Hernando Cevallos, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, expresó su preocupación ante la demora que se vendría produciendo en el proceso de vacunación contra el COVID-19 a miembros de los pueblos indígenas de los Andes y de la Amazonía peruana; así como por los obstáculos para garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales a la salud, bienestar y recuperación de sus medios de vida, los mismos que se vieron afectados con motivo de la pandemia.
De acuerdo con la información recabada por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Salud (Minsa) había previsto una meta total de 393 287 personas de pueblos indígenas amazónicos que recibirían las vacunas contra el COVID-19 en los departamentos de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Madre de Dios, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali. Sin embargo, hasta el 22 de octubre, solo se había inoculado a un total de 123 927 personas con la primera dosis y 85 061 con la segunda dosis, lo que representa un escaso avance al 40 % y 28 %, respectivamente, a casi dos meses y medio de culminar el año, según lo informado por el viceministro de Salud Pública en reunión sostenida en el Congreso de la República.
En Cajamarca se registra un avance de vacunación con dos dosis al 12 % de la población indígena amazónica; en Amazonas un 14 % de población vacunada con dos dosis. Por su parte, en Loreto, el avance es de un 17 % con dos dosis; mientras que, en Ucayali, el proceso de aplicación de dosis previstas para la población indígena registra un 25 % de avance, afectando de esta manera el derecho a la salud de las personas. Por su parte, en las comunidades andinas se han aplicado solo 282 589 dosis de vacunas.
En vista del lento avance del proceso de vacunación en las comunidades y zonas dispersas del país, la Defensoría del Pueblo supervisó a las direcciones regionales de salud de Cajamarca, Cusco, Puno y Loreto, encontrando limitaciones presupuestales para garantizar el desplazamiento de las brigadas de vacunación a las comunidades más alejadas, así como la insuficiente difusión de información en lenguas indígenas u originarias sobre la importancia de la inmunización contra el COVID-19.
Por ello, el titular de la Defensoría del Pueblo consideró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe garantizar un presupuesto específico que comprenda el reforzamiento de la vacunación y la atención en los centros de salud ubicados en las comunidades originarias de las regiones amazónicas y andinas del país.
En el documento remitido, Gutiérrez informó también acerca del presupuesto requerido por la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios del Minsa, que asciende a 49 millones de soles para el último trimestre y cuyo objetivo es fortalecer las medidas de prevención desde el nivel comunitario. No obstante, dicho recursos públicos aún no han sido aprobados, lo que limitaría la capacidad de respuesta frente a una posible tercera ola del COVID-19 en los centros de salud ubicados al interior de las comunidades indígenas amazónicas y andinas.
“Cabe precisar que, si bien se ha reportado una reducción importante de los contagios de COVID-19 en comunidades indígenas, aún continúan las limitaciones en la disponibilidad de los servicios de salud que brindan atención en sus comunidades, lo cual dificulta una atención oportuna”, señaló el Defensor del Pueblo en el documento dirigido al titular del Minsa. Como muestra de ello, refirió que, en septiembre último, la institución reportó la situación del establecimiento de salud de Pucacuro, ubicado en el distrito de Tromperos, en Loreto, donde se advirtió la falta de profesionales de salud y de medicamentos esenciales para paliar los efectos del COVID-19, así como de pruebas de descarte.
“A consideración de la Defensoría del Pueblo, es absolutamente importante y necesario que se apruebe el presupuesto solicitado por la Dirección de Pueblos Indígenas u Originarios del Minsa para la atención de salud en las comunidades amazónicas, considerando la ampliación de la declaratoria de emergencia sanitaria y las proyecciones de inicio de una posible tercera ola de contagios del COVID-19; asimismo, es vital que el Estado adopte acciones que garanticen un exitoso proceso de vacunación contra el COVID-19 en las comunidades indígenas de los Andes y la Amazonía”, subrayó Gutiérrez.
Finalmente, la institución hace un llamado al Ministerio de Cultura para que, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo n.° 1489, refuerce las medidas de difusión y concientización en las lenguas indígenas u originarias sobre la importancia del proceso de inmunización para combatir la pandemia. Además de potenciar la articulación y coordinación de las instituciones correspondientes para que se agilice el proceso de vacunación.
Fuente: Defensoría del Pueblo