Ante la vulnerabilidad de las poblaciones awajún y wampis en las comunidades nativas de las provincias de Condorcanqui y Bagua, región Amazonas, frente a la minería ilegal y la «deficiente actuación del Estado» la Defensoría del Pueblo expresó su «profunda preocupación». Al respecto, recordó la reciente agresión a un local comunal acaecido el pasado 17 de julio. Compartimos contenido divulgado por esta entidad donde plantea medidas a las autoridades del Gobierno central:
- Los ataques del pasado 17 de julio no son aislados. Cabe recordar que, el pasado 22 de mayo, la Odecofroc intervino a mineros ilegales que venían operando entre las comunidades nativas Tutino y Pagki, para luego ponerlos a disposición del Ministerio Público, solicitando la intervención de las autoridades competentes. No obstante, cerca de dos meses después, la falta de una respuesta efectiva por parte del Estado ha propiciado que la minería ilegal se intensifique aún más, y con ello las amenazas y ataques contra la integridad y vida de líderes de Odecofroc.
- La Defensoría del Pueblo viene supervisando el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las autoridades competentes en la erradicación de la minería ilegal de las provincias de Condorcanqui y Bagua, advirtiendo que el presupuesto, la conclusión del proceso de formalización minera y el cierre de brechas sociales son factores claves que necesitan ser atendidos para resolver la crítica situación en la que se encuentran las provincias.
- Asimismo, se viene insistiendo en la necesidad de que se brinde una protección efectiva a las personas defensoras de los derechos ambientales e indígenas en estas provincias, quienes debido a su labor de defensa de los recursos naturales y comunidades nativas se encuentran en una situación particular de extremo riesgo, sin perjuicio de las investigaciones penales correspondientes.
- En tal sentido, la Defensoría del Pueblo reitera:
-A los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Cultura, Interior y Ambiente que deben hacer efectivas las acciones de protección y urgente protección, otorgadas mediante Resolución Directoral ° 008-2021-JUS/DGDH, a las personas defensoras de derechos humanos de la Odecofroc, Hortez Baituj Wajai, Augostina Mayan Apikai y Zebelio Kayap Yempekit, así como garantizar la vida e integridad de lideresas, líderes, y miembros del pueblo indígena awajún que vienen siendo afectadas de manera reiterada, presuntamente por personas dedicadas a actividades ilícitas en la provincia de Condorcanqui.
-Al Ministerio Público que, en coordinación con el Consejo Nacional de Política Criminal, el Poder Judicial, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los ministerios de Defensa e Interior, la Comisión de Alto Nivel para la prevención y reducción de Delitos Ambientales y la Comisión Multisectorial Permanente para el seguimiento de las acciones estatales frente de la minería ilegal e informal, formule directrices orientadas a mejorar la prevención, investigación y represión del delito de minería ilegal, así como la justicia penal y la ejecución de penas y medidas de seguridad orientadas a erradicar la minería ilegal del país.
-A la PCM que, en coordinación con la Comisión Multisectorial Permanente y la Mesa Técnica para el Desarrollo de la provincia de Condorcanqui, así como las autoridades ediles del distrito de Imaza y la provincia de Bagua, priorice y fortalezca las políticas públicas para el cierre de brechas sociales en ambas provincias, dotándolos de las condiciones mínimas como presupuesto público, recursos humanos y logística.
-A la PCM que, en coordinación con los ministerios de Economía y Finanzas, Defensa e Interior disponga acciones inmediatas para garantizar la priorización del presupuesto público, recursos humanos y logística que se requieren para la ejecución de operativos e interdicciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal.
-A la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental Amazonas – sede Bagua, intensificar las acciones de interdicción contra la minería ilegal en las provincias de Condorcanqui y Bagua, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y los ministerios de Defensa e Interior; así como a realizar con celeridad y la debida diligencia las investigaciones sobre las actividades de minería ilegal en estas provincias, a fin de determinar las responsabilidades penales, aplicando los estándares internacionales de protección a defensores de derechos humanos.
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