Roger Torres Pando, asesor del congresista y también ministro de la Producción, José Urquizo, alertó que el gobierno regional de Ayacucho no ha considerado un presupuesto para el Consejo Regional de Derechos Humanos y Reparaciones, lo que resulta “preocupante, pues es necesario que se formulen proyectos a favor de las víctimas de la violencia política.
“Si bien es cierto que se ha venido trabajando en la elaboración del ROF del Consejo y en la validación del Plan Regional de Derechos Humanos de Ayacucho mediante la consulta con participación de las propias víctimas, no se ha designado un presupuesto para el Consejo Regional de Derechos Humanos y Reparaciones, lo cual es preocupante”, afirmó Torres Pando.
El asesor congresal hizo estas declaraciones en el marco de la semana de representación organizada por el despacho de Urquizo en Ayacucho y en el que participaron representantes de la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional, de la Gobernación, el secretario técnico del Consejo Regional de Derechos Humanos y Reparaciones, el Comisionado para la Paz y el Desarrollo, el responsable de la Defensoría del Pueblo, dirigentes de organizaciones de desplazados y víctimas de la violencia política, entre otros.
En otro momento de la reunión se abordó la pertinencia de la modificatoria del decreto Supremo N° 051-2011-PCM, que se dio al finalizar el gobierno de Alan García y que estableció como último día para la inscripción en el Registro Único de Víctimas el 31 de diciembre de 2011 como plazo de conclusión del proceso de determinación e identificación de los beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas Individuales.
“Esto contraviene el carácter inclusivo y permanente del Registro. Asimismo, no fue consultado con las propias víctimas y el monto de reparación no es aceptado por las víctimas. Finalmente, desnaturaliza la esencia misma de la reparación, contenida en la Ley N° 28592-Plan Integral de Reparaciones”, afirmó Torres Pando.
En ese sentido, dijo que desde el despacho del congresista Urquizo, se ha remitido oficio al ministro de Justicia y Derechos Humanos a fin de que se modifique el citado decreto.