La presidenta del Consejo de Reparaciones, Sofía Macher, defendió el profesionalismo del trabajo realizado en la elaboración del Registro Único de Víctimas, frente a las informaciones difundidas sobre la presencia de violentistas en la lista de víctimas del terrorismo, y precisó que lo hicieron poniendo especial énfasis en el artículo cuatro de la ley 28592, que establece la exclusión de miembros de grupos subversivos.
En tanto, Susana Cori, secretaria técnica del Consejo de Reparaciones, refirió que el protocolo para evaluar las inscripciones señala la obligación de cruzar información con el Registro Nacional de Condenas, con la Sala Penal Nacional, Requisitorias de la PNP, Fiscalía Superior, INPE, Cortes Superiores y otras fuentes oficiales y no oficiales.
En el caso de Rolando Cabezas, dijo que se consultó con todas estas fuentes pero que meses después Dircote obtuvo nuevos datos sobre esta persona, hecho que obligó al Consejo de Reparaciones a retirarlo del Registro Único de Víctimas.
Respecto a la solicitud de Osmán Morote como víctima debido a la muerte de su hijo en el penal de El Frontón, Cori precisó que no prosperará porque fueron personas procesadas por terrorismo.
Igual hecho ocurrirá con dos de los tres detenidos últimamente en Huancavelica, cuyos nombres estaban en el Registro de Víctimas.
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