La Defensoría del Pueblo planteó al Gobierno central una serie de iniciativas conducentes a erradicar actividades ilegales vinculadas a asesinatos y afectación del ambiente en nuestro país. Así se pronunció tras la muerte de cuatro defensores ambientales que fueron recientemente abatidos en las regiones Madre de Dios y Huánuco. La entidad extendió sus condolencias a sus familiares y urgió al Estado la implementación de las siguientes medidas:
1. Es impostergable que el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso de la República intensifiquen las acciones destinadas a prevenir y erradicar actividades ilegales como la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras, la tala ilegal y delitos conexos que vulneran derechos humanos, afectan el ambiente y los recursos naturales.
2. Urge que el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios y organismos adscritos; el Ministerio Público, a través de las fiscalías especializadas en materia ambiental, crimen organizado y tráfico ilícito de drogas; y los gobiernos regionales, fortalezcan un trabajo articulado e integral, y con acciones de inteligencia, a través de una estrategia dirigida a erradicar las organizaciones criminales detrás de estas actividades ilícitas y delitos conexos, que vulneran derechos humanos, en especial de las poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas, mujeres, niñas, niños y adolescentes.
3. Demandamos al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo abstenerse de continuar aprobando e impulsando medidas que debilitan la lucha contra la minería ilegal, como la aprobación de la Ley n.º 31388, que dispone una nueva ampliación del proceso de formalización minera -iniciado hace casi dos décadas-, desnaturalizándolo, sin garantizar el cumplimiento del marco jurídico y dificultando la persecución del delito de minería ilegal, favoreciendo esta actividad ilícita.
4. Se requiere que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego incremente fortalezca y ejecute adecuadamente medidas destinadas a cerrar las brechas de reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas, cuyos procedimientos son efectuados por los gobiernos regionales, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica de las tierras de las comunidades que pertenecen a pueblos indígenas.
5. Solicitamos a la Presidencia del Consejo de Ministros disponer con prontitud que la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas impulse la implementación del Plan Nacional contra las Drogas al 2030, así como la erradicación de los cultivos ilícitos de droga; con énfasis en las regiones amazónicas.
6. Además, es necesario que la Presidencia del Consejo de Ministros disponga que la “Comisión de Alto Nivel para la prevención y reducción de los Delitos Ambientales” y la “Comisión encargada de proponer estrategias o mecanismos de trabajo que faciliten el acceso a la justicia de las defensoras y los defensores de derechos humanos” realicen un trabajo articulado con otros espacios de coordinación multisectorial creados para abordar en forma específica los delitos ambientales, como la minería ilegal, la tala ilegal y delitos conexos; fortaleciendo su trabajo y dotándoles de las herramientas y recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
7. Recordamos que el Estado peruano tiene el deber de garantizar la seguridad y vida de la población afectada por la minería ilegal, narcotráfico, tráfico de tierras y tala ilegal, y que tiene obligaciones internacionales de respetar los derechos de las personas defensoras, de prevenir y proteger los riesgos que estos afrontan, y de investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos contra ellos, advirtiendo que su incumplimiento puede generar eventualmente una responsabilidad internacional.
8. En tal sentido, demandamos al Ministerio Público y al Poder Judicial disponer investigaciones céleres y con pertinencia cultural, así como establecer sanciones ejemplares, respectivamente, para quienes resulten responsables de los asesinatos, y otros delitos en agravio de la población aledaña y personas defensoras del ambiente y de derechos de los pueblos indígenas, vinculados a la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de tierras, la tala ilegal y delitos conexos.
9. Reiteramos la importancia y urgencia de que el Perú ratifique el Acuerdo de Escazú, que permitirá fortalecer las acciones dirigidas a proteger a las/os defensoras/es ambientales, garantizar el acceso a la justicia ambiental y los derechos de acceso a la información y participación ciudadana en materia ambiental. Por ello, exigimos al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República impulsar las acciones destinadas a lograr su aprobación legislativa.
10. Además, se requiere que la Presidencia del Consejo de Ministros disponga que los ministerios del Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas, Cultura, Justicia y Derechos Humanos e Interior fortalezcan los mecanismos de protección para las personas defensoras del ambiente y los derechos de los pueblos indígenas, que aseguren una efectiva protección para este grupo de especial protección; adoptando para tal fin, entre otras acciones, coordinaciones con el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República.
11. Pedimos al Ministerio Público garantizar las medidas de protección para estas personas y su círculo familiar, con pertinencia cultural, y respetando los estándares internacionales de protección para las personas defensoras de derechos humanos.
12. Finalmente, considerando la alta vulnerabilidad de las personas indígenas defensoras de derechos humanos, por la cercana presencia de actividades ilegales a sus territorios, demandamos al Ministerio de Cultura articular y establecer e implementar adecuadamente medidas conjuntas para combatir y contrarrestar los riesgos y/o amenazas que afrontan, visibilizar las situaciones de riesgo en las que se encuentran e identificar los lugares o zonas donde se presentan con mayor frecuencia. Estas medidas deben realizarse en forma articulada con las demás instituciones competentes, los gobiernos regionales y locales, y en coordinación con las organizaciones representativas de pueblos indígenas y comunidades originarias.