Poco avance en contra de la trata de personas es lo que hay actualmente en el departamento de Ayacucho donde solamente se han registrado, de manera oficial, 16 casos que se encuentran en investigación, judicializados o sentenciados, algo que llama la atención porque las víctimas en muchos de los casos son niñas forzadas a prostituirse.
Según dio a conocer la Defensoría del Pueblo el problema referente a casos de trata de personas se refiere a la forma en cómo han sido llevados los procesos judiciales y estos mismos en que han desembocado, que por lo general no han sido juzgados como tal sin dejar de lado que hay una complejidad de tipificación del propio delito.
A nivel nacional el 53% de los procesados por este delito fue condenado a penas menores a las establecidas en la ley. En estos casos, los jueces y juezas no valoraron adecuadamente que los afectados eran personas menores de edad, lo que refleja la impunidad a la que están expuestas las víctimas de trata.
El informe defensorial del cual da cuenta el diario JORNADA, criticó el accionar de los jueces porque los argumentos utilizados en las sentencias para justificar la disminución de la pena son absolutamente irrelevantes y no tienen relación con la comisión del hecho.
Señala el informe que se ha dado casos donde se “argumenta que los padres de las víctimas dieron su consentimiento o que el negocio donde eran explotados los menores de edad era pequeño y estaba formalmente constituido, es lamentable”.
El informe defensorial también señala que el 92% de las víctimas menores de edad afrontó los juicios sin contar con la asesoría de un abogado defensor. En 28% de los casos, los jueces -al momento de la calificación inicial de los hechos- obviaron la calidad de menor de edad de las víctimas.
En Ayacucho la Defensoría del Pueblo analizó los 16 casos que existen de trata de personas, de ellos tres casos han sido favoreciendo a los inculpados, sentenciándolos con penas privativas que se encuentran vinculadas con el favorecimiento de la prostitución, que a comparación de la trata de personas se considera como delitos leves.
Mientras tanto otros 13 casos se vienen llevando por el Poder Judicial y la Fiscalía, en seis de ellos se encuentran en investigación los restantes ya en proceso judicial.
“Lamentablemente la administración de justicia con respecto a la trata de personas se encuentra limitada. Como Defensoría del Pueblo hemos dado algunas recomendaciones esperando que nos tomen en cuenta y que realmente se efectivice los procedimientos relacionados a los delitos de trata de personas”, manifestó Jorge Fernández, representante defensorial en Ayacucho.
Sobre algunos procesos ha indicado que la presencia del narcotráfico, de todas maneras sigue siendo uno de los principales actos delictivos que influye en la región, sin dejar de lado la presencia de mineras en la zona sur, las mismas donde se presentan cada vez más casos.