El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, recomendó al Poder Ejecutivo, al Gobierno Regional de Loreto y los municipios de la zona a cumplir -en los plazos establecidos- con la aplicación de los planes de emergencia ambiental aprobados para las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre y Corrientes, debido al retraso que se viene produciendo en la implementación de estas tareas.
Vega dijo a INFOREGIÓN que “dada la gravedad de la situación ambiental y sus posibles efectos en la integridad de las personas, se requiere la acción inmediata, efectiva y sistemática del Estado dentro de los plazos previstos”.
“Hemos identificado que algunas acciones orientadas a reducir el riesgo a la salud y mejorar las condiciones ambientales de la población afectada por la contaminación existente no se han cumplido en los plazos establecidos. Tal es el caso de la emergencia ambiental para la cuenca del río Pastaza, donde existen todavía tareas pendientes”, añadió.
El funcionario informó que la Defensoría del Pueblo dará a conocer próximamente los resultados de la supervisión que viene realizando sobre las acciones del Estado para la atención de la emergencia ambiental en dicha cuenca.
Como se sabe, los planes de emergencia ambiental establecen tareas como abastecimiento y desinfección del agua para consumo humano, así como acciones sanitarias para la prevención o recuperación de la salud de poblaciones en riesgo, identificación de zonas impactadas e implementación de planes de descontaminación.
A continuación, Vega destacó la coordinación que se viene produciendo en el marco de la Comisión Multisectorial encargada de analizar, diseñar y proponer medidas que permitan atender a las poblaciones de las cuencas del Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, que motivó la evaluación ambiental y posterior declaratoria de emergencia en las cuencas de los ríos antes mencionados.
También reiteró la necesidad de que el Estado peruano, en todos sus niveles de gobierno, garantice el manejo sostenible de las zonas afectadas, mitigando la contaminación ambiental y sus efectos en la salud de las personas.
“No debemos olvidar que el derecho a vivir en un ambiente sano es un derecho de todos los peruanos y peruanas”, anotó el funcionario.