La máxima autoridad de la Defensoría del Pueblo, Eduardo Vega Luna, exhortó al Poder Ejecutivo a intensificar la lucha contra la minería ilegal en aras de frenar el crecimiento que viene experimentando esta actividad en los últimos años.
“Invocamos a las autoridades, organizaciones y población en general, a contribuir en la consolidación del ordenamiento y erradicación de la minería informal que tanto daño ambiental, social y económico hace a nuestro país”, enfatizó Vega.
El funcionario destacó que entre los principales avances en esta lucha se tiene la creación del Registro Nacional de Declaraciones de Compromiso y del Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo para evaluar y mitigar el impacto ambiental. Asimismo, destacó el establecimiento de áreas geográficas, rutas fiscales y puestos de control en Madre de Dios; así como las acciones de interdicción realizadas en Loreto, Junín, Madre de Dios y Áncash que suman 59 durante el año 2012.
No obstante estos avances, la adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Alicia Abanto, afirmó que se encuentra pendiente la implementación de la Ventanilla Única para la Formalización Minera, así como del Fondo para el Proceso de Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal.
También, señaló Abanto, debe realizarse el diseño del Plan de Recuperación de los Impactos Ambientales, el control y fiscalización efectiva de los insumos químicos, maquinarias y equipos utilizados en la minería ilegal. Sumado a ello, se debe implementar el Registro y Control de los Usuarios del Mercurio, Cianuro de Potasio y el Cianuro de Sodio.
Abanto reiteró la necesidad de que el Estado fortalezca su accionar contra la minería informal e ilegal a través de una actuación coordinada, planificada y sostenida en el tiempo que garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos en materia de formalización, remediación, interdicción y persecución de la minería ilegal.
Por ello, la Defensoría del Pueblo recomendó al Poder Ejecutivo, garantizar que en el presupuesto nacional, se asignen los recursos financieros que permitan la implementación de medidas destinadas a enfrentar la minería informal e ilegal en todo el territorio nacional.
“La minería ilegal contraviene frontalmente las leyes y el estado de derecho y su ilegalidad es causa de enormes perjuicios para la vida, la integridad, la salud de las personas, para el medio ambiente, el mercado, la economía y la propia institucionalidad del Estado” puntualizó el Defensor del Pueblo y recordando que “en Madre de Dios se han perdido, para siempre vidas humanas, bosques, tierras y ríos”.
Vega añadió que atender esta problemática es una obligación impostergable para el Estado. Un primer paso para cumplir con estas obligaciones ha sido la dación de los Decretos Legislativos (del 1099 al 1107), publicados en 2012, pero ello no debiera agotar los esfuerzos del Estado en su lucha contra las actividades mineras ilícitas.
Precisó que es necesario implementar dicho marco normativo en acciones concretas que permitan la formalización de aquellos mineros que se adecuen al régimen establecido, la erradicación de actividades mineras delictivas y la remediación ambiental y social de impactos generados por estas actividades.