La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, presentó, ante la comisión parlamentaria que investiga los sucesos ocurridos en Bagua y Utcubamba, un informe institucional que da cuenta de las actuaciones defensoriales antes, durante y después del conflicto. Al culminar dicha presentación, la titular de la Defensoría del Pueblo realizó cuatro reflexiones finales motivadas por estos lamentables sucesos.
En primer lugar, demandó la aprobación de la Ley de Consulta. Sostuvo que un conflicto violento pone en evidencia las fallas, vacíos y deficiencias de estrategias y mecanismos para preservar la paz frente a las naturales controversias que se presentan en todas las sociedades. Una de ellas, durante el conflicto en Bagua, fue el no haber utilizado la consulta a los pueblos indígenas como instrumento para el diálogo y la construcción de consensos.
Agregó que la falta de un procedimiento establecido por Ley para facilitar el ejercicio de dicho derecho, reconocido por un convenio internacional vigente desde hace 15 años, fue y sigue siendo un enorme vacío. Por ello invocó a la representación nacional, la pronta aprobación de tan esperada y necesaria Ley.
En segundo lugar, exhortó sobre la necesidad de reorganizar el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro peruano (INDEPA) y fortalecerlo, para ello mencionó la necesidad de una fuerte institucionalidad estatal indígena. Al respecto, destacó la notoria ausencia de una representativa y activa entidad rectora en materia indígena, durante el conflicto amazónico.
“Ese es el papel que debió jugar el INDEPA, una entidad que ha sido objeto de un proceso de debilitamiento constante. No será posible avanzar sin una institucionalidad que vele desde el Estado por los intereses, expectativas, así como por los derechos de los pueblos indígenas y que, gradualmente, se gane su confianza,” sostuvo Merino.
Como tercer punto recomendó la necesidad de desarrollar el diálogo intercultural entre el Estado y la población indígena. Indicó que los sucesos de Bagua evidenciaron la carencia de instrumentos para el diálogo intercultural que eviten volver a lamentar el enfrentamiento violento entre peruanos.
“En efecto, manejar y transformar un conflicto en una oportunidad para avanzar en la formulación de políticas públicas, que hagan vigentes los derechos, exige que existan capacidades técnicas específicas que, en la actualidad, tanto nuestras autoridades como nuestros funcionarios, en los tres niveles de gobierno, no tienen plenamente desarrolladas” afirmó la Defensora del Pueblo.
Finalmente, como cuarta reflexión hizo un llamado a construir un Estado inclusivo. Señaló que los sucesos de Bagua tuvieron como telón de fondo la discriminación y la exclusión que sufren los pueblos indígenas amazónicos. Todo lo señalado, nos reclama, en voz alta, la urgencia de construir un Estado inclusivo, dialogante e intercultural. El camino será largo y empinado, pero es por esa vía que debemos conducir todas nuestras energías y buenas voluntades.
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