La perversidad y ambición de los mineros ilegales no tiene límite. Aprovechando la ingenuidad de las comunidades nativas, se presentan ante los apus (jefes) diciendo ser “gestores de políticas públicas”, y por lo tanto, ejecutores de obras como caminos, colegios y postas médicas a fin de obtener la autorización que les permita extraer el oro de sus tierras.
Según narró a INFOREGIÓN el comisionado de la Defensoría del Pueblo de Huánuco, Juan Carlos Miranda, esta es una de las modalidades que explica el preocupante avance de esta actividad extractiva informal en comunidades indígenas como la de Paucarcito, en la provincia de Puerto Inca, con la consiguiente contaminación de los ríos y el daño al medio ambiente
“A los pobladores de Paucarcito, hace un año, les ofrecieron costearle el importe de contar con un docente en la zona ya que los niños no tenían como educarse. Igualmente, les ofrecieron una carretera para un acceso más fácil. Pasado el tiempo, la comunidad solo tiene muerte de peces, contaminación de agua, y afectación de flora y fauna”, manifestó Miranda.
También a autoridades
Pero los que están dedicados a la minería ilegal no solo sorprenden a las comunidades indígenas sino también a las propias autoridades, ya sea alcaldes, teniente alcaldes o gobernadores, quienes por desconocimiento de las normas sobre otorgamiento de concesiones mineras terminan elaborando documentos de contenido vago que los mineros presentan como una “autorización”.
“Eso es lo que pasó con la comunidad de Paucarcito. Cuando se dieron cuenta del engaño, le dieron un plazo de 15 días al seudoempresario minero Edgar Artemio Santiago Concepción para que se retire del lugar. El plazo venció el 16 de setiembre y todo sigue igual”, refirió Miranda.
El comisionado adelantó que el 20 de octubre, conjuntamente con representantes de la Fiscalía Provincial, realizarán una inspección a fin de recabar elementos probatorios que sustenten la denuncia respectiva.
En la visita también se tomarán muestras del agua de los ríos para posteriormente someterlos a exámenes físicos y químicos que determinen su nivel de contaminación.
“Ante la férrea oposición de la comunidad de Paucarcito a la empresa de Santiago Concepción han empezado las hostilizaciones y hasta han amenazado de muerte a la representante de las comunidades indígenas en la municipalidad provincial de Puerto Inca Idith Jacobo Sharigua”, indicó.
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