En la sesión del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, realizada hoy bajo la conducción del Vice Ministro de Justicia Erasmo Reyna, la Defensoría del Pueblo propuso como primera medida, que se restablezca la calidad de observadores de la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Evangélico y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Para la Defensoría, estas instituciones han contribuido decididamente a concertar esfuerzos en la plena vigencia y defensa de los derechos humanos en el Perú.
De igual forma, la Defensoría del Pueblo, propuso una agenda en materia de derechos humanos que tiene como prioridad la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos 2006–2010, que contiene las principales políticas públicas para la consolidación de los derechos humanos en el país.
Su ejecución demanda la acción coordinada de todas las instituciones del Estado y la adopción de compromisos concretos para su realización.
Para la implementación del mencionado Plan Nacional es necesario contar con una agenda de trabajo inicial y un cronograma de actividades que permita alcanzar los objetivos señalados en este documento y garantice los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sin excepción, atendiendo especialmente a aquellos que se encuentran en grave estado de indefensión.
Para la Defensoría del Pueblo, la agenda de trabajo para el presente año debería estar dirigida a reforzar el marco de protección de los derechos humanos.
En este ámbito, se recomendó la pronta aprobación y ratificación de la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la designación o creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
Asimismo, la adecuación del ordenamiento interno a lo establecido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
También se propuso que la agenda incluya el compromiso del Estado de cumplir las decisiones de las instancias internacionales, siendo necesario un cronograma que permita dar cumplimiento a las reparaciones pendientes ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para las víctimas de violaciones a derechos humanos y sus familiares.
Finalmente, en el curso de este año, debería fortalecerse el sistema de investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos.
En este contexto, urge implementar una unidad especializada para la defensa legal de las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares que garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y a la verdad.