El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, pidió que el Estado “adopte medidas inmediatas para combatir la explotación infantil” y un aumento de la pena por este delito, la que actualmente no es mayor a dos años.
Adoptadas estas medidas, señaló, se podrá evitar casos como los de los 55 niños y niñas, de entre 6 y 11 años, quienes fueron encontrados trabajando, explotados y en condiciones precarias en una ladrillera en Junín.
Por su parte, Mayda Ramos Ballón, titular de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, insistió en que el Congreso de la República debe modificar la norma que sanciona la explotación laboral de niños, niñas y adolescente, otorgándole la misma penalidad que para los delitos de trata de personas.
Precisó que en el informe número 158 de la Defensoría, titulado “La trata de personas en agravio de niños, niñas y adolescentes”, se recomendó al legislativo incrementar la pena para el delito de explotación infantil.
“Tanto la trata de personas, como la explotación, son delitos que desconocen la dignidad del ser humano. Deben ser castigados con la mayor severidad. Nosotros reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra estos actos delictivos, a través de la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, indicó Ramos en un documento enviado a INFOREGIÓN.
Cabe señalar que un caso de trata de personas en agravio de un menor puede llegar hasta los 35 años de cárcel.