Defensoría pide cumplir compromisos pendientes con víctimas de la violencia

El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, exhortó a las autoridades a cumplir con los compromisos pendientes a favor de las víctimas de la violencia de los años 1980 al 2000, a propósito de la colocación de la primera piedra de lo que será el Santuario de la Memoria en Ayacucho.

“Este cerco permitirá delimitar y proteger la zona destinada al futuro Santuario de la Memoria en Ayacucho, espacio que busca difundir y reflexionar entre las actuales y nuevas generaciones sobre la violencia que nos afectó a todos”, indicó Vega.

Vega invocó al Gobierno Regional de Ayacucho adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que, en el menor tiempo posible, se concluya el cerco y se dé inicio a la construcción del referido Santuario, de tal forma que el predio no sea utilizado para otros fines, informó la Defensoría del Pueblo a INFOREGIÓN.

En la ceremonia de la colocación de la primera piedra participaron representantes de la Oficina Defensorial de Ayacucho, autoridades de la Región, así como integrantes del Movimiento Ciudadano por los Derechos Humanos, que reúne, entre otras organizaciones, a Anfasep, Paz y Esperanza, Comisedh, Apoyo para la Paz y Coravip, quienes permanentemente ejercen vigilancia para concretar este pedido.

Hace unos días, en una comunicación remitida al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Vega recordó que aún está pendiente la reapertura del Registro Único de Víctimas (RUV), así como cumplir con el pago para cada una de las víctimas conforme lo establece la normatividad del Plan Integral de Reparaciones.

“Existen casi 2,000 beneficiarios/as que no han recibido reparación económica debido al cierre del RUV en diciembre del 2011, y más de 6,500 personas, quienes, teniendo varias afectaciones con derecho a indemnización, solo han recibido el pago por una de ellas. Estas personas no pueden seguir esperando más tiempo para que se reconozca su derecho”, señaló Vega Luna.

El Defensor del Pueblo recordó que existen compromisos suscritos formalmente para atender estas demandas sin que, a la fecha, se hayan adoptado las medidas para llevarlas a cabo.