Para mejorar la gestión de los bosques naturales y promover el comercio legal de los productos madereros es necesario fortalecer la institucionalidad en el sector público forestal y contar con una autoridad nacional forestal totalmente autónoma, tanto en lo técnico como en lo presupuestal, sostuvo el adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra.
“Esto no solo implica otorgar un mayor nivel jerárquico a la autoridad nacional forestal, sino también asegurar que su diseño le permita contar con la autonomía necesaria para desarrollar eficazmente sus funciones, promoviendo prácticas que destierren la corrupción”, señaló Lanegra tras la publicación del Informe de Adjuntía denominado “El Estado Peruano y el Aprovechamiento Sostenible de los Bosques Naturales”.
El funcionario afirmó que, según el referido documento, resulta fundamental también fortalecer y consolidar el actual proceso de descentralización en materia forestal en el que se encuentran los gobiernos regionales.
Lanegra Quispe recordó que en noviembre del año pasado sólo San Martín y Loreto efectivizaron la transferencia de funciones, convirtiéndose en las únicas regiones que lo han hecho a la fecha.
En otro momento, señaló que, ante la necesidad de promover la transparencia y prevenir la corrupción, se debe implementar también el Consejo Nacional Consultivo de Política Forestal con la finalidad de legitimizar las políticas forestales a través de espacios en los que participen todos los actores involucrados.
Dijo que, de esta manera, se incentivará la transparencia en la toma de decisiones relativas a la planificación y manejo de los recursos forestales.
“Del mismo modo el sector forestal debe ser incluido en el Plan Nacional Anticorrupción de la Presidencia del Consejo de Ministros, así como en el Consejo Nacional Anticorrupción del Ministerio de Justicia”, subrayó.
Reconoció el trabajo que viene desarrollando la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre respecto a la Consulta Nacional para elaborar la Política Nacional Forestal y la actualización de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, esfuerzo que viene siendo coordinado entre las instituciones del Estado y la sociedad civil.
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