El representante de la Defensoría del Pueblo en Huánuco, Pier Paolo Marzo Rodríguez anunció que su despacho pedirá a la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) la lista oficial de las personas naturales o jurídicas que cuenten con la respectiva autorización para ejercer actividades de minería en pequeña escala.
En diálogo con INFOREGIÓN, Marzo Rodríguez señaló que esa relación le será enviada a los procuradores de los gobiernos locales a fin de que inicien acciones en contra de aquellos que no figuren en la relación y, por lo tanto, estén incurriendo en el delito de minería ilegal, según la reciente modificación del Código Penal sobre este tema.
Tras considerar que la minería ilegal es una de las actividades más destructivas del medio ambiente y una de las que mayor contaminación genera, pues afecta ríos, cochas, lagunas y otras fuentes de agua, el representante defensorial saludó la decisión del Gobierno de dar un marco legal integral para superar esta situación.
En ese sentido destacó que el Decreto Legislativo Nº 1100, además de establecer facultades para destruir y prohibir todo tipo de implementos también da medidas de ordenamiento para la formalización.
“Quizás debió establecer que las facultades de interdicción y comiso no solo estén a cargo del Ministerio Público y de la Policía Nacional sino también de los gobierno regionales, obviamente con el apoyo de la PNP y de la Fiscalía”, manifestó.
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