La Defensora del Pueblo Beatriz Merino presentó hoy el Informe Defensorial Nº 131 denominado “Gratuidad en las Escuelas Públicas: Un compromiso pendiente”, resultado de una supervisión a nivel nacional que da cuenta del incumplimiento del derecho a la gratuidad de la educación en instituciones educativas públicas de nivel primario.
La minuciosa supervisión en 160 escuelas públicas de nivel primario de Lima Metropolitana (incluida la provincia constitucional del Callao) y en las regiones de Cusco, Lambayeque, La Libertad, Loreto y Junín comprobó que el 99% de esos establecimientos cobran por concepto de matrícula escolar, lo que demuestra el incumplimiento del derecho a la gratuidad de la educación primaria.
La Defensora señaló que al momento de la matrícula de los escolares, se cobra por diversos rubros: gastos administrativos, mantenimiento y mobiliario, pago a docentes, la Asociación de Padres de Familia (APAFA), útiles o materiales educativos, entre otros rubros.
Estratificación de la escuela pública
Merino agregó que los padres de familia gastan a lo largo del año escolar, un promedio de S/. 346.00 nuevos soles adicionales por cada hijo en el nivel primaria, correspondiente al pago de matrícula, pagos regulares, libros, textos y otros útiles escolares, uniformes, refrigerios y transporte.
Sin embargo, se evidenció que quien tiene más recursos económicos está en condiciones de pagar más en una escuela pública en comparación con aquellos más pobres, lo que pone en evidencia un rasgo grave: en la escuela pública se está reforzando el círculo de pobreza y exclusión.
La Defensora alertó que los padres de familia, a través de la APAFA, pagan gran parte de los servicios básicos como luz y agua debido a que a las escuelas no llega el dinero para esos pagos.
Por ello, recomendó que los recursos obtenidos por la APAFA no se utilicen para cubrir las condiciones básicas que requiere el funcionamiento de las instituciones educativas por tratarse de una obligación del Estado.
Recomendaciones urgentes
Karima Wanuz, Coordinadora del equipo de Políticas Públicas de la Primera Adjuntía de la Defensoría del Pueblo, informó que su institución dio algunas recomendaciones para solucionar este grave problema, que data desde 1970.
Solicitó al Ministerio de Educación diseñar e implementar un Plan de Acción para la aplicación progresiva de la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, focalizado en los sectores más pobres. Pidió al Ministerio de Economía y Finanzas incrementar el presupuesto asignado al sector Educación, propuesto en el Acuerdo Nacional.
Otra recomendación brindada al Congreso de la República fue fiscalizar la formulación e implementación del Plan de Acción y la revisión de la Ley de APAFA respecto al uso de los recursos para cubrir las condiciones básicas de las escuelas.
Finalmente, solicitaron a los gobiernos regionales elaborar una propuesta de distribución equitativa de los recursos destinados al sector Educación en su región.