La Defensoría del Pueblo se pronunció para mostrar su respaldo frente a la distribución de la anticoncepción oral de emergencia (AOE) en los establecimientos de salud pública del país por considerar que estas píldoras no tienen efectos abortivos, y por lo tanto, no atentan contra el derecho a la vida.
Asimismo, esta entidad recordó que en el año 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos aseguró que el derecho a la vida comienza a partir de la fecundación, sin embargo, esta pastilla solo cumple la función de retrasar la ovulación. Por esta razón, la Defensoría del Pueblo apoya esta iniciativa a favor de las mujeres que no cuentan con los recursos económicos necesarios para adquirir estas pastillas con el fin de evitar embarazos forzados. En este sentido, destacó el caso de las menores de edad que son víctimas de violación sexual y no pueden acceder a estas píldoras de forma gratuita.
No obstante, la Defensoría del Pueblo indicó que ha venido investigando cuidadosamente este tema desde el año 2003 con el fin de asegurarse de que esta pastilla no sea un recurso abortivo que atente contra los derechos humanos. Del mismo modo, esta entidad aseguró que la resolución del Primer Juzgado Constitucional que ordena la distribución de esta píldora en los centros de salud fue contemplada bajo los estándares internacionales jurídicos y científicos vinculados a la AOE.
Cabe recordar que en el año 2009, el Tribunal Constitucional detuvo la distribución gratuita de la AOE en los centros de salud públicos porque existían algunas dudas sobre el efecto que tenían estas pastillas en la implantación del óvulo fecundado. Sin embargo, a través de evidencia científica que prueba que la AOE no tiene efectos abortivos, se tomó una nueva resolución que permite que el Ministerio de Salud ejecute esta distribución gratuita en los servicios de salud estatales.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo señaló que presentó un informe jurídico ante el Primer Juzgado Constitucional con el fin de mostrar su posición institucional y contribuir con el Poder Judicial para defender los derechos de las mujeres pobres que no pueden adquirir la AOE en los establecimientos de salud.