La Defensoría del Pueblo entregó a la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM, los resultados del análisis efectuado al proyecto del Plan Nacional de lucha contra la Corrupción y Ética Ciudadana.
El documento contiene ocho recomendaciones concretas de carácter metodológico y funcional, con las que se espera contribuir al diseño, formulación e implementación del Plan Nacional Anticorrupción.
Cabe resaltar que el equipo anticorrupción de la Defensoría ha analizado el plan de la PCM desde que este se hiciera público y ya emitió en un primer momento recomendaciones preliminares para su implementación por las autoridades del Ejecutivo.
Altas autoridades son las llamadas a liderar lucha contra la corrupción
Entre las propuestas planteadas destaca la recomendación de la Defensoría del Pueblo en el sentido de que son las más altas autoridades del Poder Ejecutivo las llamadas a liderar las actividades relacionadas con la lucha contra la corrupción, adoptando medidas concretas e inmediatas para combatirla.
Con relación a la conformación de un sistema nacional de lucha contra la corrupción, se recomienda tener en cuenta las tareas que están implementando la propia PCM, el Poder Judicial —mediante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA)–, la Contraloría General de la República, el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo en el marco del Programa «Umbral».
Por otra parte, la Defensoría del Pueblo recomienda la incorporación del enfoque de derechos como instrumento esencial en el diseño, formulación e implementación del Plan Nacional, así como la necesidad de diseñar un marco metodológico que contemple la realización de un diagnóstico detallado en los tres niveles de gobierno.
Se debe priorizar lucha contra corrupción por sectores
A partir del diagnóstico de las quejas recibidas durante el año 2007, la Defensoría del Pueblo recomienda priorizar algunos sectores en la lucha contra la corrupción. Esto debido a que se ha encontrado que uno de los sectores más quejados por presuntos actos de corrupción es el de educación escolar, con alto número de casos relacionados con el incumplimiento en el dictado de clases e irregularidades en los concursos públicos de docentes.
Asimismo, las quejas vienen de los Gobiernos Locales, con casos referidos a cobros arbitrarios, excesivos o ilegales no estipulados en los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos (TUPAs) y restricciones al acceso a la información pública.
A ellos se suman las quejas contra miembros de la Policía Nacional del Perú, con casos referidos al uso de coacción para conseguir beneficios directos o para terceros, y quejas por condicionamientos para la recepción y trámite de las denuncias en comisarías.
Del mismo modo, se agregan las quejas contra el Sector Salud por cobro de coimas para trámites administrativos y por ausencia en el puesto de trabajo o por inasistencia en el cargo.
Finalmente, la Defensoría formula recomendaciones relacionadas con el fortalecimiento del sistema de justicia, la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el diseño de un sistema de denuncias contra la corrupción y protección a los denunciantes.
Además, se recomienda la capacitación constante dirigida a funcionarios públicos en el ámbito nacional.
