La Defensoría del Pueblo dio a conocer el día de hoy el Reporte de Conflictos Sociales N° 110, correspondiente al mes de abril del 2013, que registra 229 conflictos sociales. De esa cifra, 175 (76.4%) se encuentran en estado activo y 54 (23.6 %) en estado latente.
El Reporte da cuenta que los conflictos socio ambientales continúan siendo los más numerosos con 154 casos (67.2%) registrados a la fecha. Esta cifra indica un incremento en comparación al mes anterior (149). En este tipo de conflicto, la actividad minera sigue siendo la más relacionada a los conflictos con el 72.7% (112 casos), le siguen las actividades hidro carburíferas con 13% (20 casos), informó una fuente de la Defensoría del Pueblo a INFOREGIÓN.
El segundo tipo de conflicto más numeroso corresponde a los asuntos de gobierno local con 20 casos (8.7%). Aquí podemos encontrar problemáticas que giran en torno a demandas de obras públicas, pedidos de vacancia y suspensión, oposición a la implementación de políticas y falta de transparencia.
Le siguen, los conflictos por demarcación territorial, con 14 casos (6.1%). El problema central es la falta de límites oficiales entre los distritos, provincias y departamentos. Aquí destaca el caso de Puno-Moquegua, el cual va encaminado de manera adecuada a través de un proceso de diálogo facilitado por la Defensoría del Pueblo. Recientemente ambos Gobiernos Regionales y sus equipos técnicos, la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial y la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM se reunieron en la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de consensuar los pasos siguientes que se necesita dar para discutir las propuestas de límites presentadas por los gobiernos regionales.
A nivel de departamentos, Áncash sigue registrando el mayor número de conflictos (33). Le siguen Apurímac (21) y Puno (19). Cabe resaltar que en Áncash el mayor número de conflictos es del tipo socioambiental, entre la población y las compañías mineras.
En relación a los conflictos sociales nuevos, al mes de abril se presentaron diez casos, entre los que tenemos ocho socioambientales, uno por asuntos de gobierno local y uno laboral. Asimismo, el Reporte informa que se resolvieron dos conflictos, dentro de los cuales destaca el caso socioambiental de Picup, en Áncash, donde tras un proceso de diálogo, que contó con la intermediación de la Oficina Defensorial de Áncash, se llegó a un acuerdo entre los pobladores y las empresas Hidrandina y Aggreko para llevar adelante el proyecto energético en su localidad.
Con relación a la competencia en la atención de los conflictos, la obligación principal recae en el Gobierno Nacional en 149 casos (65.1%), seguido por los Gobiernos Regionales en 51 casos (22,3%) y los Gobiernos Locales en 20 casos (8,7%).
Respecto al Proyecto Minero Cañariaco (Lambayeque), en la quinta reunión de la Mesa de Trabajo para el Desarrollo de los distritos de Cañaris, Incahuasi y Salas, realizada el 04 de abril, no se logró la sustentación oral de las asambleas del 08 de julio y 30 de setiembre de 2012 para determinar la viabilidad del proyecto. En tal sentido, la Defensoría del Pueblo reitera su preocupación por la ausencia de consenso para tratar la problemática central.
Ante el acuerdo adoptado para que un comité conformado por representantes del Ministerio de Energía y Minas, la Presidencia de Consejo de Ministros y el Ministerio del Ambiente, evalúe la validez de ambas asambleas, la Defensoría del Pueblo reafirma su posición institucional expresada través del Oficio N° 0179-2013/DP, de fecha 24 de enero, en el cual se recomienda a las instancias competentes del Poder Ejecutivo verificar si la empresa Cañariaco Copper Perú S.A. cuenta con la autorización sobre el terreno superficial otorgado por la Comunidad Campesina de San Juan de Cañaris.
Por otra parte, saludamos el nombramiento de un Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental. Se espera que al asumir sus funciones pueda orientar y fortalecer las labores de interdicción a la minería ilegal. Casos como el de Rinconada y Suches (Puno) y de Suyo, Tambogrande y Las Lomas (Piura) registrados como conflictos sociales, merecen una atención adecuada por el Gobierno Central.
Respecto al caso de Suyo, cabe señalar que existe una seria afectación al medio ambiente debido al uso indiscriminado de mercurio y cianuro que ha afectado el agua y las tierras de esa localidad.
Para una visión ampliada y detallada del Reporte Mensual de Conflictos Sociales se invita a los interesados a visitar la siguiente dirección electrónica: