Según reportes de la Defensoría del Pueblo, se han registrado 14 conflictos sociales en Ayacucho, de los cuales siete se encuentran en estado activo y siete en estado latente o pasivo.
El informe, registra la existencia de cinco conflictos socio-ambientales. Entre ellas figura el caso de la comunidad de Hualla y Tiquihua de la provincia de Fajardo. Los pobladores se oponen a las actividades de exploración minera por la empresa Southern Copper Corporation.
El caso fue atendido por los consejeros regionales de Ayacucho, quienes declararon de interés regional la protección y conservación de la zona de Chinchinga. Sin embargo, la disposición no garantiza el retiro definitivo de la empresa minera porque la autorización para el inicio de actividades fue otorgada por el Ministerio de Energía y Minas.
Jorge Fernández Mávila, representante de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho, indicó que según la Dirección Regional de Cultura, en Chinchinga existen restos arqueológicos que son amparados por el Gobierno Central. “De confirmase esta información, la zona sería declarada intangible y se podría garantizar el retiro definitivo de esta empresa”.
Otro de los casos lo protagonizan los pobladores de la comunidad de Anchihuay, en el distrito de Anco, provincia de La Mar. Ellos denuncian la presunta contaminación y daños en sus territorios por las obras de construcción del tercer ducto para el transporte del gas de Camisea.
Los comuneros de Anchihuay exigen la modificación del trazo original del ducto y la indemnización por los daños causados. En la comunidad campesina de Concepción, en Lucanas, se registra otro conflicto con los socios de productores mineros de El Ingenio, en Ica, quienes habrían iniciado actividades de minería informal en tierras ayacuchanas.