El Defensor del Pueblo encargado, Eduardo Vega, consideró perjudicial que se haya flexibilizado la Ley 29703, restringiendo la aplicación del delito de colusión sólo a aquellos casos en que el funcionario público haya ocasionado un perjuicio patrimonial al Estado, es decir que implique pérdida de dinero.
“Esta modificación debilita la lucha contra la corrupción y desprestigia a la función pública. Es grave porque implicaría que un gran número de casos sólo reciba sanciones menores”, señaló Vega.
Agregó que en un país como el nuestro, en el que existen altos índices de corrupción, es imprescindible que no se debilite la lucha contra este flagelo. Por ello, invocó al Congreso a corregir en el más breve plazo posible esta ley.
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