«La Defensoría del Pueblo no busca boicotear el proyecto del Gas de Camisea ni está en contra de la inversión privada, sólo exige que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas y la legalidad» señaló enérgico el primer adjunto de dicha institución, Samuel Abad. El letrado salió al frente de críticas difundidas en un medio local que acusaban a la Defensoría de boicotear el proyecto y detalló que se trató de una reunión en Washington organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde se planteó la posición institucional en torno al proyecto Camisea, con recomendaciones puntuales para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, en contacto inicial, ly los derechos fundamentales Señaló que en dicha reunión también se analizó la propuesta de crear una Autoridad Ambiental autónoma e independiente que regule, fiscalice, supervise y ejecute la política ambiental, «porque lo que está ocurriendo ahora es un conjunto de instituciones diversas y dispersas que no garantizan adecuadamente la vigencia del derecho del medio ambiente.
