A través de un comunicado, la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Ayacucho señaló que en la lucha contra la corrupción es necesario asumir el compromiso de no callar, porque el silencio oscurece la realidad y beneficia al corrupto. Se recordó que callar significa pasar de costado frente al soborno, dejarse intimidar por los corruptos, creer que el negociado es casi una condición de cualquier operación en las actividades políticas, económicas o jurídicas.
La mencionada institución lanzó la Campaña Anticorrupción y presentó el documento de trabajo “Defensoría del Pueblo: Ética Pública y prevención de la corrupción”. En este informe se sostiene que “el silencio ciudadano equivale a impunidad, y la impunidad multiplica los efectos perniciosos de la corrupción al permitir que sus ilícitas operaciones continúen extendiéndose”.
La referida campaña, organizada en el marco del Programa Umbral Anticorrupción, está dirigida principalmente a destacar el papel protagónico del ciudadano en la lucha contra la corrupción.
Papel protagónico del ciudadano
El documento de trabajo “Defensoría del Pueblo, Ética Pública y Prevención de la Corrupción” contiene la visión institucional sobre el tema, así como las recomendaciones dirigidas a la administración pública acerca de la neutralidad en los procesos electorales, la reforma de la administración de justicia, el fortalecimiento de la Policía Nacional y el acceso a la información pública en la administración estatal.
El estudio revela la existencia de un total de 2,719 casos, presentados en las oficinas defensoriales de las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Lambayeque. En su mayoría, los casos involucran hechos ocurridos en el sector Educación.
El documento de trabajo también pone en evidencia que, solo en las cinco regiones mencionadas, se registraron 1,026 quejas contra el sector Educación, 734 contra los Gobiernos Locales y 360 contra el sector Salud. Otras 308 fueron formuladas contra la Policía Nacional del Perú (PNP), 152 contra el Sistema Judicial, 79 contra el sector Educación Superior y 60 contra el Sistema Penitenciario.
Preferencias y cobros arbitrarios
En lo concerniente a los gobiernos locales, los casos más recurrentes se vincularon a las “preferencias y condicionamientos para otorgar licencias, permisos y autorizaciones, así como a “cobros arbitrarios por entrega de información pública.
En el caso de la Policía Nacional, los casos reportados con mayor recurrencia se refieren a “la negativa o condicionamiento a la recepción de denuncias, la negligencia, omisión o inacción en el trámite de las denuncias y el uso arbitrario de la autoridad en provecho propio o de terceros”.