La Defensoría del Pueblo implementó un Programa de Protección de Derechos de los inculpados en dependencias policiales que busca mejorar las condiciones de las carceletas transitorias ubicadas en las provincias de Leoncio Prado, Puerto Inca y Tocache, según informó el representante de la Defensoría del Pueblo en el Alto Huallaga, Nadia Lavado Lavarte.
La funcionaria explicó que el programa se enmarca en el respeto al derecho fundamental de las personas que son privadas de su libertad y merecen un proceso judicial justo y humano.
Detalló que en la provincia de Puerto Inca, por ejemplo, los inculpados permanecen en una condición de hacinamiento extremo, en donde cada interno permanece en un área de apenas un metro cuadrado, esperando ser trasladado hasta el Penal de Potracancha en Huánuco o de Pucallpa en Ucayali, situación que se produce recién luego de muchos meses de espera.
Lavado Lavarte ratificó asimismo una información anterior de INFOREGIÓN que daba cuenta del hacinamiento en la carceleta transitoria de inculpados de Tingo María y aseguró que en una visita de inspección, se encontró hasta 76 inculpados en un área de un poco mas de 100 metros cuadrados.
Indicó que similar situación viven los 25 internos en Tocache que esperan muchos meses antes de ser derivados a la provincia de Mariscal Cáceres, en San Martín, para judicializar sus casos.
La funcionaria señaló que la Defensoría está culminando un detallado informe al respecto que será elevado a la Central de Lima en breve para las acciones del caso.