Según el informe de Conflictos Sociales Nº 49 de la Defensoría del Pueblo, en el mes de marzo se registraron 93 conflictos sociales, de distinta intensidad, que comprometen la participación de diferentes sectores de la población y autoridades de las diversas entidades públicas y privadas.
De esta cifra, 36 se encuentran activos (41%) y 52 en estado latente (59%). Además se registraron 16 movilizaciones de protesta y una acción de violencia subversiva.
El 48% de los conflictos reportados corresponde a asuntos socioambientales, el 26% se vincula a cuestionamientos al desempeño de alcaldes Provinciales y Distritales, en tanto que el 6% se relaciona con disputas en comunidades y otro 6% con demandas gremiales.
Solo en el mes de marzo se registraron siete nuevos casos, de los cuales, tres corresponden a conflictos gremiales en las regiones de Loreto, Moquegua y Pasco; dos involucran conflictos con temática socioambiental en Áncash y Tacna; y uno se refiere a un conflicto por delimitación territorial entre comunidades en el departamento de Huancavelica.
El último es un caso concerniente a las protestas sociales realizadas por organizaciones amazónicas en rechazo de la Ley Nº 28852, llamada «Ley de la selva».
Respecto de la situación socioeconómica de las zonas de conflicto, en el reporte correspondiente se señala que 75 conflictos (81%) se han desarrollado en lugares donde la mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza, mientras que el 61% de los conflictos ha ocurrido en áreas rurales (57 casos).
Finalmente, el documento defensorial detalla que en 56 casos (60%) se han producido enfrentamientos, agresiones e, inclusive, la retención de personas.
En 34 conflictos (37%), la población tomó el local de la institución cuestionada que, en su gran mayoría, resultó ser la Municipalidad de la zona. Asimismo, en 27 conflictos (29%) se reportaron bloqueos de vías de comunicación.