Según el informe de Adjuntía Nº 02-2009-DP/AAC que la Defensoría del Pueblo envió al Congreso sobre las garantías que deben ser observadas en una acusación constitucional, se demuestra la nulidad del proceso que se le sigue al ex Ministro del Interior, Fernando Rospigliosi
El 20 de abril, ante un pedido de Rospigliosi, la Defensoría del Pueblo envió al Congreso un informe sobre la vigencia del derecho de defensa y el debido proceso en los procesos parlamentarios, que respaldan las alegaciones de Rospigliosi.
El documento fue elaborado por el Dr. Fernando Castañeda Portocarrero, Adjunto en Asuntos Constitucionales, quien sostiene que el hecho de no conceder a una persona el tiempo necesario y los medios probatorios adecuados para preparar sus descargos, compromete seriamente el derecho de defensa.
En ese sentido, es necesario recordar que en un escrito presentado ante el Presidente de la Comisión Permanente del Congreso el pasado 20 de abril, Rospigliosi sustentó la nulidad de la decisión de este organismo de acusarlo ante el pleno, tras señalar una serie de hechos que a su juicio vician el procedimiento.
Respecto de la falta de garantías para defenderse, sostuvo que no le concedieron el tiempo ni los medios necesarios para hacer sus descargos, pues fue citado sólo unas horas antes de la sesión, y no recibió ninguna documentación probatoria sobre el proceso.
En cuanto a la vulneración del debido proceso, Rospigliosi indicó que el plazo para acusarlo constitucionalmente caducó largamente, porque ya transcurrieron más de los cinco años que la Constitución establece como límite de caducidad para poderlo acusar.
Por ello, la Defensoría del Pueblo señaló el hecho de que la decisión acusatoria reconoce que Rospigliosi no incurrió en ningún delito y que, pese a ello, lo denuncia vagamente por “gestión de intereses”, sin establecer de qué gestión de intereses se trata ni a qué terceros pertenecerían tales intereses, dejándolo sin materia objetiva para realizar sus descargos. Esto también vulnera el derecho de defensa.
La Defensoría también recuerda la obligación del Congreso de actuar de manera cuidadosa y de motivar rigurosamente las infracciones constitucionales que invoca, así como las razones por las cuales el plazo de caducidad de cinco años para acusar constitucionalmente a un funcionario por hechos ocurridos durante una gestión concreta no ha vencido.
A la fecha se encuentra pendiente de resolución del pedido de nulidad planteado por Rospigliosi ante la Comisión Permanente, solicitud que deberá resolverse antes de proseguir con el proceso de acusación constitucional, ya que se encuentra afectado por nulidades relacionadas con la violación de derechos fundamentales.
Según Roberto Pereira, abogado defensor del también periodista Rospigliosi, si el Congreso insiste en su acusación, citándolo al pleno sin las debidas garantías constitucionales, viciará aún más el proceso y lo convertirá en un siniestro precedente para la vida política e institucional del país.