La Defensoría del Pueblo cuestionó la promulgación de dos polémicos decretos de urgencia que exoneran de la necesidad de presentar informes medioambientales previos a 33 proyectos en proceso de concesión. Según la Defensoría, estos decretos podrían convertir los informes medioambientales en «una mera formalidad».
El organismo emitió un comunicado en el que se pronuncia sobre la aprobación, el 18 y 21 de enero, de dos decretos de urgencia que permiten dar concesiones administrativas a proyectos de inversión, entre los que se encuentran centrales hidroeléctricas, sin necesidad del informe de impacto medioambiental.
La Defensoría se sumó así al rechazo manifestado el pasado lunes por diversas organizaciones como el Instituto de Defensa Legal, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Derecho Ambiente y Recursos Naturales, (DAR), entre otros, que exigieron la derogación de estos decretos por considerarlos «inconstitucionales».
Una mera formalidad
En opinión de la Defensoría, la aplicación de los decretos hace que «el estudio de impacto ambiental pueda convertirse en una mera formalidad administrativa», algo que para este organismo resulta «inaceptable».
Según denunció, la certificación ambiental «ya no será un requisito previo» para lograr el beneplácito administrativo y los funcionarios se verán obligados a «estudiar los proyectos sin poder tomar en cuenta las consideraciones ambientales y sociales que se desprendan del estudio de impacto medioambiental».
En este sentido, recordó que el 30% de los conflictos sociales reportados en diciembre de 2010 estaban relacionados con el uso del agua, objeto central de algunos de los proyectos que podrían acogerse a los decretos.
En consecuencia, la Defensoría del Pueblo exhortó al Congreso de la República a ejercer las facultades de control de la constitucionalidad de los Decretos de Urgencia Nº 001–2011 y Nº 002–2011, conforme lo establecido en el numeral 19 del artículo 118º de la Constitución Política.
Se precisó además que en el caso que el Congreso de la República solicite la opinión de la Defensoría del Pueblo, ésta se le remitirá de inmediato.
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