Una sorpresiva visita realizada por miembros de la Defensoría del Pueblo y de la Unidad de Gestión Educativa Local, UGEL de Leoncio Prado, ayudó a comprobar que varias instituciones educativas de Tingo María no cumplen con las disposiciones sobre la gratuidad de la enseñanza y la prohibición de cualquier cobro a los padres de familia que no se encuentre regulado por el Ministerio de Educación.
Dichas autoridades encontraron en el colegio Mariano Bonín una serie de carteles con “requisitos” para la matrícula de los estudiantes, indicando que eran obligatorios. Dicho plantel educativo exigía a los padres de familia “nuevos” el pago de una cuota de 40 soles a la APAFA, mientras que los padres “antiguos” debían pagar 30 soles, así como haber cancelado los bingos entregados durante algunas festividades y no deber libros.
Luego de dialogar con el director de dicho colegio, identificado como Pedro Sánchez García, los representantes de la Defensoría del Pueblo señalaron que se exigirán las sanciones administrativas correspondientes contra aquellos funcionarios responsables de tales abusos.
La delegación de la Defensoría del Pueblo observó que en algunos centros educativos se colocan carteles especificando la cuenta bancaria a la que deben ser abonados los pagos, exigiendo que los respectivos comprobantes sean entregados a la APAFA, entidad que emite un carné que posibilita al padre de familia poder matricular a su hijo o hija.