La Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo presentó un informe dando cuenta que durante el mes de febrero se produjeron 88 casos de conflictos sociales, cinco más que los registrados en enero pasado, entre los diferentes sectores de la población y autoridades de las diversas entidades públicas y privadas.
Según el reporte de conflictos Nº 48, un 49% de los conflictos reportados están referidos a asuntos socioambientales, el 27% cuestiona el desempeño de alcaldes provinciales y distritales, el 6% se refiere a disputas en comunidades y el 5% se debe a demandas laborales.
Del total de conflictos, 36 casos se encuentran en calidad de activos y 52 en estado latente. Así, se registraron siete casos nuevos en los departamentos de Cajamarca, Cusco, Junín, Loreto, San Martín y Tacna. También se reportaron 31 movilizaciones de protesta y una acción de violencia subversiva.
El estudio también revela que el 82% de los casos se desarrollaron en lugares donde la mayoría de la población vive bajo la línea de pobreza, en tanto el 63% de los conflictos (55 casos) ocurrió en áreas rurales.
También se reporta el enfrentamiento a 96 autoridades, funcionarios y entidades varias cuestionados. El 22% de autoridades cuestionadas son alcaldes provinciales y distritales. Otras entidades incluidas son empresas extractivas (39), ciudadanos o comunidades (9), Gobiernos Regionales (4) y Poder Judicial (2).
Se incluye, como casos nuevos, dos paros registrados durante este mes: el convocado por la Junta Nacional de Usuarios de los distritos de Riego del Perú y el que se llevó a cabo en Cusco, solicitando la derogatoria de la Ley Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural (Ley 29164) y de la Ley que establece el procedimiento especial y transitorio para las licencias de edificación, ampliación o remodelación (Ley 29167).