Según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo sobre Lima, Áncash, Ayacucho y Junín, de 457 denuncias archivadas por delitos de peculado y colusión durante 2012 y 2013, 121 fueron archivadas inadecuadamente debido a múltiples factores que incidieron en la calidad de las investigaciones fiscales.
El Informe N°168: “El archivo fiscal de denuncias por peculado y colusión. Estudio realizado en Lima, Áncash, Ayacucho y Junín” señala que en Áncash y Junín los archivos inadecuados llegaron al 32%, en Ayacucho al 29% y en Lima al 14%.
“Estos archivos fueron el resultado de actuaciones fiscales no ejecutadas o mal planteadas, interpretaciones jurídicas erróneas, valoraciones inadecuadas de los medios probatorios, entre otros criterios”, señala el documento al que tuvo acceso INFOREGIÓN.
Uno de los problemas advertidos en el informe es que las investigaciones exceden los plazos máximos establecidos. Así, los archivos que requirieron el desarrollo de actos de investigación se extendieron, en promedio, 275 días. Estas demoras se deben, principalmente, a la tardanza en iniciar diligencias fiscales, a la inconcurrencia de denunciantes, testigos e investigados y a la demora de las entidades públicas en remitir la información solicitada por el fiscal.
El estudio muestra también un análisis de las modalidades más frecuentes en las que se cometen los delitos bajo estudio. Así se determinó que tras las denuncias de peculado, se registran casos de apropiación de dinero producto de planillas fantasmas en obras y servicios; de apropiación de dinero destinado a obras realizadas con materiales de menor costo, etc.
En las denuncias de colusión (el acuerdo para defraudar al Estado), se identifican casos de adecuación de bases en contrataciones públicas; manipulación de términos de referencia, generación de falsas necesidades, etc.
Otra de las dificultades detectadas es el alto porcentaje de diligencias programadas y no realizadas. En muy pocos casos se precisa el por qué, lo que dificulta realizar una supervisión posterior del trabajo fiscal. En el caso de la toma de declaraciones, se advirtió un alto índice de inconcurrencias: en promedio, el 76% de declaraciones programadas no se efectuaron en la fecha dispuesta, en el 59% de estos casos, el fiscal ya no reprogramó una segunda fecha.
PROPUESTAS
La Defensoría recomendó profundizar el modelo corporativo de trabajo, que implica compartir diligencias planificar estrategias conjuntas, investigar casos complejos en equipo y, en general, realizar un trabajo coordinado entre fiscales.
De igual modo, plantea implementar protocolos de investigación fiscal, que precisen actuaciones mínimas de investigación; e implementar una unidad especializada que sistematice y organice información sobre las denuncias que se presentan ante las Fiscalías Anticorrupción.
También se recomienda a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), priorizar en el presupuesto público las necesidades del Ministerio Público para la implementación eficiente del Código Procesal Penal y, en particular, para las necesidades que demanda la implantación del modelo corporativo en las Fiscalías Anticorrupción.