La Defensora del Pueblo Beatriz Merino lamentó profundamente que el tema de la seguridad de la fiscal de Maynas, Luz Loayza y la Junta de Fiscales Supremos se haya traducido en un desencuentro público entre instituciones y poderes del Estado, por lo que invocó a todas las instituciones públicas a respetar la decisión de dicha Junta que dispone el retorno de la fiscal a su sede de origen, en Maynas a pesar de las amenazas contra su vida.
Leyendo un comunicado, la Defensora precisó que la fiscal Loayza sometió su solicitud de traslado a Lima por motivos de seguridad, a la decisión de las instancias correspondientes del Ministerio Público, “por ende, y sin perjuicio del legítimo derecho a la crítica y discrepancia con las decisiones adoptadas, éstas deben ser respetadas y, en su caso, cuestionadas a través de los mecanismos procesales previstos en el ordenamiento jurídico, tal como lo anunció la defensa de la doctora Loayza”.
Merino recordó que en su oportunidad, la Defensoría y otras instituciones del Estado, se pronunciaron sobre la necesidad de que dicha Junta tenga en cuenta la especial situación de la fiscal provincial, dada la existencia de un pronunciamiento del Ministerio del Interior sobre el riesgo que se verificaba sobre su seguridad.
Ahora y frente a la decisión adoptada por la Junta de Fiscales de rechazar la solicitud de Loayza y disponer su retorno a Maynas pese a que existe un gran riesgo sobre su seguridad e integridad física, Merino pidió que cualquier discrepancia sobre dicha decisión “corresponde que sea tratada a través de los canales institucionales establecidos para ello”.
La Defensora invocó al Ministerio del Interior y al Ministerio Público a brindar a la fiscal provincial Luz Loayza las máximas garantías para su seguridad e integridad personal y la de sus familiares.