Desde la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard, donde participa como oradora en un encuentro académico organizado por esa casa de estudios, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, sostuvo que tanto la crisis financiera internacional como la incipiente consolidación del sistema democrático en América Latina constituyen dos problemas que encuentran un factor explicativo común en la corrupción.
La idea es parte de la conferencia magistral “Ética y prevención de la corrupción en América Latina”, y tuvo lugar el mediodía de hoy en la ciudad de Miami. En la cita, se abordaron temas que, en la actualidad, son objeto de intenso debate en la región, como inmigración, derechos humanos, negociación, seguridad internacional, constitución y marginalidad social, entre otros de significativa importancia para la región latinoamericana.
Debido a ello, la doctora Merino señaló en su discurso que no debe sorprendernos que solo el 37 por ciento de los ciudadanos latinoamericanos confíe en la democracia como régimen político, dado que perciben que este favorece a algunas minorías, en tanto que la mayoría se encuentra desprovista de acceso a bienes y servicios públicos primarios de calidad.
Agregó que en América Latina prima el reproche a la autoridad y, en tal contexto, la transgresión de las reglas formales puede ser socialmente tolerada, e incluso valorada debido a que el Estado no satisface las expectativas básicas de desarrollo de los ciudadanos.
“Este estado de cosas retroalimenta y perpetúa la ineficiencia estatal y ésta, a su vez, las conductas oportunistas y corruptas de los ciudadanos”, expresó Merino Lucero.
Por ello, afirmó, no debe extrañar que las respuestas de los Estados latinoamericanos hayan sido usualmente reactivas, poco articuladas e impulsadas por diversos escándalos de corrupción, en los que normalmente han estado involucrados agentes públicos o personajes ligados (o allegados) al entorno del poder.
A pesar de la situación, existen avances en lucha contra la corrupción
En otro momento, la Defensora señaló no obstante que existen algunos avances en la región, tal como la incorporación del problema de la corrupción en la agenda pública de los países latinoamericanos y la adhesión de todos ellos a la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Asimismo, señaló que se han emprendido diversas reformas normativas y administrativas destinadas a mejorar el acceso a la información, los controles legales, administrativos y presupuestales dentro de la administración pública, y que se han abierto canales de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones públicas, en el diseño de políticas y en la gestión estatal.
En cuanto a las dificultades que enfrenta la lucha contra la corrupción en América Latina, la Defensora del Pueblo señaló que las diversas reformas y mecanismos emprendidas en la lucha anticorrupción mantienen una existencia formal con escasos resultados efectivos; que la voluntad política no siempre se traduce en mayores presupuestos para la lucha contra la corrupción; que las iniciativas anticorrupción, promovidas desde el Estado, frecuentemente están desarticuladas, y que el componente internacional está ausente en la mayoría de las intervenciones anticorrupción.