La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, reiteró sus observaciones sobre el contenido de los Decretos de Urgencia N 001 y 002–2011, durante la reunión sostenida esta mañana con altas autoridades del Poder Ejecutivo, la Conferencia Episcopal, representantes del sector privado y presidentes de los Gobiernos Regionales.
Merino Lucero, exhortó al Congreso de la República a ejercer facultades de control de la constitucionalidad, en vista de que mediante el análisis de los decretos de urgencia se concluye que éstos no responderían a una coyuntura adversa e imprevisible, requisito que sido señalado en reiteradas y uniformes sentencias del Tribunal Constitucional.
Según sostuvo Beatriz Merino, a propósito del debate realizado, se desprende que es crucial armonizar la promoción de las inversiones económicas –que son necesarias para el país– con el deber estatal de respetar y promover los derechos fundamentales de las personas y de las comunidades, el cuidado ambiental y la prevención de los conflictos sociales.
Durante la reunión, la Defensora del Pueblo subrayó la importancia del fortalecimiento del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental, a fin de que no se convierta en un mero requisito administrativo, “sino en un instrumento efectivo para la sostenibilidad, la prosperidad y la convivencia pacífica”.
Asimismo, propuso tres medidas prioritarias: “Primero, implementar un mecanismo de coordinación formal y permanente entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales, especialmente en materia de planificación y desarrollo”.
En segundo lugar propuso “recurrir a la figura de pre publicación de las normas, a fin de dar oportunidad a las entidades del Estado y a los ciudadanos de expresar sus opiniones para perfeccionar las normas y generar consensos”. La tercera medida consiste en “considerar las implicancias sociales de las normas, previniendo las reacciones sociales que pudieran generar”.
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